Si bien la legislatura de PSOE y Unidas Podemos ha estado marcada por muchas situaciones diferentes, no se va a poder achacar a ambas formaciones que se haya tratado de cuatro años poco fructiferos legislativamente hablando. Este martes, el Consejo de Ministros a propuestas del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra ha dado un paso más en este sentido aprobando la Ley de Familias. Ahora, tendrá que recibir el apoyo mayoritario del Congreso.
Aunque la ley en sí es amplia, uno de los aspectos más destacados de la misma es que blinda a las administraciones ante una posible llegada de Vox al poder. Al menos, lo hace en Educación. La formación de extrema derecha insistió durante algunos meses en la posibilidad de que los padres vetaran algunas actividades escolares de sus hijos. Se denominó como 'pin parental', algo que se prohíbe en caso de que termine aprobándose esta norma en el Congreso.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha declarado que se trata de una ley que comienza a "remediar carencias históricas" y que "refuerza la protección de todas las familias". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Belarra ha destacado que la ley de Familias supone "una de las leyes más importantes de este curso político" y espera que el Parlamento la apruebe "lo más pronto posible".
"Cualquiera que tenga hijos o que haya visto criar, sabe lo difícil que es conciliar la vida laboral y personal en España, es prácticamente ciencia ficción", ha indicado Belarra refiriéndose a uno de los objetivos de la ley, al tiempo que ha añadido que se ha pedido a los padres y madres que sean "superhéroes" y, a partir de ahora, les van a pedir "que sean solo padres y madres, que ya es bastante".
En cuanto al contenido de la ley, el texto se articula en torno a cuatro pilares principales: la ampliación de la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; avanzar en la garantía del derecho a la conciliación; el pleno reconocimiento de los distintos tipos de familias que ya existen en España, y el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
En cuanto a la ampliación de la protección social a las familias, se extenderá la renta crianza de 100 euros al mes para un mayor número de familias con hijos e hijas de cero a tres años. Según los cálculos del departamento, esta medida beneficiará a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres en España.
Dicha ampliación incluye a todas las madres que estén percibiendo una prestación por desempleo, contributiva o no, y también a las que, sin reunir los requisitos previamente, coticen 30 días a partir del parto. También recibirán el 100% de la prestación las mujeres que tengan un empleo a tiempo parcial o temporal. Belarra ha destacado que "prácticamente" se está llegando al "objetivo último de la universalización" de esta ayuda a la crianza.