La situación ha llegado a un punto límite. Familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) han decidido alzar la voz en la provincia de Cádiz y preparar una manifestación ante lo que consideran una falta de recursos en los centros educativos andaluces. Denuncian que, en muchas ocasiones, no hay personal suficiente para garantizar una atención adecuada, algo que —aseguran— está afectando directamente al desarrollo de sus hijos e hijas.
El movimiento ha nacido de la iniciativa de seis madres de distintos colegios de la provincia, que han impulsado la creación de un grupo de WhatsApp para organizar la protesta. La respuesta ha sido inmediata. En apenas unos días, el grupo reúne ya a casi seiscientos miembros de toda Andalucía, entre familias con hijos con necesidades especiales y otras que, aun no encontrándose en esa situación, han querido sumarse en apoyo a la causa.
La movilización se dirigirá a la Delegación de Educación en Cádiz, aunque por el momento no hay una fecha cerrada para la convocatoria. Las familias tienen claro el formato: acudirán con un manifiesto ya redactado en el que recogerán todas sus reivindicaciones y que será leído públicamente durante la concentración.
Además, han abierto una petición en Change.org que, en tan solo un día, ha superado las 1.500 firmas. Una cifra que refleja el malestar creciente y el respaldo social que está recibiendo la iniciativa.
Demandas de las familias
“Nuestra lucha es sencilla y justa: queremos una educación pública de calidad para nuestros hijos e hijas y que se garantice el respeto real de sus derechos”. Con esta declaración resumen el espíritu de una movilización que, aseguran, no busca confrontación sino soluciones.
Entre sus principales demandas figuran la reducción de ratios en las aulas y el establecimiento de ratios para PT, AL y PTI —actualmente inexistentes— que permitan aumentar el número de sesiones y apoyos que recibe cada alumno con NEAE. También reclaman formación continuada y obligatoria para todo el personal docente y técnico, al considerar que la inclusión real exige profesionales preparados.
Otro de los puntos clave es la ampliación y diversificación de la oferta educativa específica para el alumnado que finaliza la ESO en aula específica, con opciones adaptadas a sus intereses reales para garantizar una continuidad formativa efectiva. Asimismo, exigen que la figura del maestro sombra sea un recurso público, regulado y financiado por la Junta de Andalucía, asignado según las necesidades del alumnado. “No queremos que su existencia se base en voluntariado precario, economía sumergida, ni apoyos sin cualificación”.
“La inclusión real solo es posible cuando los recursos necesarios están garantizados desde lo público y en condiciones de igualdad”. Y concluyen: “Estamos aquí porque nuestros hijos e hijas lo necesitan. Solo unidos, implicados y dando un paso al frente podremos conseguir cambios reales”.