Las familias de acogida de niños ucranianos piden poder matricularlos con sus hijos en colegios de Cádiz

Ustea exige al delegado territorial, Miguel Andreu, que considere la escolarización de los pequeños en los mismos centros que sus "nuevos familiares" para facilitar su integración en la ciudad tras sufrir la invasión

Las familias de acogida de niños y niñas ucranianos piden poder matricularlos en los mismos centros en los que están sus hijos en la provincia de Cádiz.
Las familias de acogida de niños y niñas ucranianos piden poder matricularlos en los mismos centros en los que están sus hijos en la provincia de Cádiz.

El sindicato Ustea ha exigido al delegado territorial de Educación en Cádiz, Miguel Andreu, que permita a las familias de acogida de niños y niñas ucranianos poder matricularlos en los mismos centros en los que estudian sus hijos. En una reunión con Planificación, se informó de que aproximadamente 200 alumnos ucranianos ya están escolarizados en la provincia de Cádiz. Sin embargo, "se les está tratando como alumnado migrante y no como alumnado de familias de acogida".

Es evidente que cualquier guerra genera multitud de daños colaterales y consecuencias que son difíciles de asimilar y superar. En Ucrania la invasión ha afectado a niños y niñas que se han encontrado con experiencias traumáticas y dolorosas como la muerte de familiares, la destrucción y el abandono de sus hogares y por supuesto la interrupción de su proceso de escolarización. Miles de niños y niñas afectados al salir de su país han sido acogidos en distintos países y localidades. A la provincia gaditana han llegado 200 menores cuyas familias de acogida intentan que la separación de los miembros de su familia sea lo menos traumática posible y se puedan adaptar a su nuevo hogar, a su nuevo centro educativo y a las nuevas personas que conformarán sus relaciones diarias.

En su nuevo día a día, una de las dificultades que viven es integrarse en un nuevo centro educativo donde, además de adaptarse a un nuevo sistema, encuentran la barrera del idioma que dificulta esa integración. "Para que emocionalmente esto niños se adapten lo mejor posible y para facilitar que sus familias de acogida puedan conciliar lo mejor posible su vida laboral y familiar, lo ideal es que este alumnado se escolarice en los mismo centros en los que ya están escolarizados los hijos de las familias que los acogen", defiende el sindicato educativo.

Ustea alude al art.87.2 de la Lomloe que contempla que "las administraciones autorizarán un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos y alumnas por aula en los centros públicos y privados concertados, bien para atender necesidades inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía, bien por necesidades que vengan motivadas por traslado de la unidad familiar en período de escolarización extraordinaria debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o debido al inicio de una medida de acogimiento familiar en el alumno o la alumna".

Según Ustea, Miguel Andréu, el Jefe de Planificación Joaquín Mateo y el responsable de Inspección educativa, José María González, "miran para otro lado" y no consideran a estos niños como alumnado de acogida ya que el proceso, como no podía ser de otra forma, se ha realizado de forma exprés y no siguiendo todos los pasos marcados por la burocracia. "Así muestran una vez más que para ellos los alumnos son números y no personas con sentimientos y con circunstancias que se deben tener en cuenta", manifiesta.

Las familias de acogida piden "por sensibilidad y humanidad" que reconsideren la situación de escolarizar a los niños de acogida en centros diferentes a las de “sus nuevos familiares”. Son niños que vienen directamente de sufrir una invasión y una guerra, y, para ellos, esto debería ser "suficiente" para hacer a estos niños un hueco en las aulas en las que están los hijos de sus familias de acogida.

La normativa contempla que se pueda subir la ratio de forma excepcional para estos casos hasta en tres alumnos por aula. Por ello, Ustea exige que, en base a la Convención sobre los derechos del niño y lo ya establecido por el Tribunal  Constitucional en sentencia firme, aplique la normativa y permita que en los escasos dos meses de curso que quedan, estos niños puedan estar en los mismos centros y a ser posible, si por edad se puede, en las mismas aulas que los demás niños de sus familias de acogida.

“El interés superior del menor es la consideración primordial a la que deben atender todas las medidas concernientes a los menores”, comenta el sindicato, que destaca la solidaridad que siempre ha caracterizado a la población. "Deberían dar ejemplo y facilitar que tanto a las familias de acogida como al nuevo alumnado que se incorpora, procedente de Ucrania, les resulte el proceso lo más cómodo posible. Tenemos que hacer lo posible para que se sientan acogidos entre nosotros y apoyados en un momento así", comenta. 

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