El colegio público Alba Plata de Cáceres se ha entrentado a un caso particular que ha dado que hablar. Una familia se ha negado a que sus hijas, dos hermanas mayores de 6 años, asistan a clase con mascarillas. En un primer momento, la Junta de Extremadura optó por llegar a un acuerdo y les propuso que las niñas podrían dar las clases solas, en un aula apartada. Sin embargo, esta decisión enfureció a la comunidad educativa y, el AMPA mostró su descontento. "No es posible mantener la distancia de seguridad con el resto del alumnado en todo momento", y por ello exigen el uso de la mascarilla para todas las personas mayores de 6 años", expresaron los padres y madres.
La indignación del personal docente y de las familia ha hecho rectificar a la Consejería de Educación, que descarta la medida anunciada el martes y establece que ningún alumno mayor de 6 años podrá acceder a los centros educativos sin mascarillas, excepto si presenta alguna justificación médica.Es una de las medidas obligatorias que dicta la Junta para la vuelta al cole con seguridad junto al respeto de la distancia interpersonal o el lavado de manos.
En el colegio de Cáceres, pese a que no es obligatorio, los pequeños de Infantil también usan mascarillas para evitar la propagación. Así, el caso de las hermanas ha hecho estallar a la comunidad. "Los docentes nos negamos a entrar de manera individual a dar clase a las niñas porque nos estamos exponiendo nosotros y nuestros grupos burbuja, nuestros alumnos y familiares, al virus y a poder contagiarnos”, explican en El País.
La Junta asegura que ha cambiado de opinión porque la postura de la familia "es muy tajante al respecto". Además, los profesores se han negado a darles clase a las pequeñas por separado. “No tienen por qué venir al centro, hay que respetar la decisión de cada uno, pero tienen que respetar las decisiones de la colectividad: vivimos en sociedad y las normas son iguales para todos”, ha señalado la portavoz del claustro de profesores y el personal no docente del colegio público cacereño, Patricia Rodríguez.
En este caso, la motivación es proteger la salud de los miembros del colegio, aunque Rodríguez es consciente del choque de derechos que se produce en este caso. “Lo hacemos también porque se produce un conflicto de derechos y de bienes jurídicos de ambas niñas; su familia está decidiendo por la salud de sus hijas y, por tanto, también por su derecho a la educación”, ha añadido.
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