María R.L., profesora de Secundaria desde 1989, en junio de 2019, a la edad de 54 años, fue diagnosticada con un cáncer de mama HER2 positivo. En ese momento, causa baja en el instituto de la provincia de Cádiz en el que está destinada. Entonces, se dedica a luchar contra la enfermedad en sesiones de quimioterapia que culminan con una operación primera, otra serie de sesiones con el nuevo y esperanzador medicamento Trastuzumab para terminar en una segunda operación.
Todo este tiempo se solapa con la pandemia por coronavirus. A los 18 meses de baja, María no se encontraba en absoluto recuperada de sus dolencias y, de hecho, había pasado por quirófano por segunda vez unas semanas antes. La docente, además del referido cáncer de mama, tiene una enfermedad autoinmune que le fue diagnosticada en 2014 y que le llevó a ser hospitalizada de urgencia por crisis grave en marzo de 2018. Por todo ello y ante la inminencia de su posible incorporación, mediante los servicios jurídicos de Ustea Cádiz, sindicato al que pertenece, solicita la incapacidad.
La Administración, mediante el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI) le deniega la incapacidad total o absoluta. A los 18 meses de baja, la Administración mediante dictamen del EVI tiene dos opciones: obligar a la docente a incorporarse o darle la incapacidad total o absoluta (algo que ya le había denegado). Existe una tercera vía, que consiste en darse una prórroga de seis meses para resolver definitivamente el caso.
En junio de 2021 se cumplieron los dos años de baja sin noticias de resolución para María, que a través de Ustea contacta con la delegación de Educación para saber qué hacer y se le dice que por culpa de la pandemia y de una serie de bajas de médicos, el EVI no puede sacar todo el trabajo que tiene en tiempo y forma y que tiene que esperar. Un funcionario, a partir del tercer mes de baja, cobra la mitad de su sueldo a través de la delegación a la que pertenece, y la otra mitad a través de Muface.
Como la norma dice que nadie puede estar más de dos años de baja sin ser incapacitado o con una resolución de incorporación al puesto laboral, Muface deja de pagar su parte, por lo que a María a partir de julio de 2021 solo cobra la mitad de la nómina.
En el verano de 2021 no está aún recuperada ni en condiciones de volver a su puesto laboral, pero la perspectiva de cobrar la mitad de su sueldo y de no llegar a fin de mes, le hace pensar que quizá debería incorporarse en septiembre. Además de pasar por un cáncer de mama con el duro tratamiento que ello conlleva y de seguir padeciendo su enfermedad autoinmune, se encuentra dos años después sin que le concedan la incapacidad, sin poder volver al trabajo y cobrando la mitad de la nómina.
El final de la historia es el siguiente: en febrero de 2022, María recibe carta certificada de la Delegación de Educación de Cádiz instándole a incorporarse en 48 horas a su centro educativo pues habían recibido informe a tal efecto del EVI de Cádiz. Después de siete meses y medio sin cobrar la mitad de la nómina. María se incorpora y envía una petición a la Delegación para que se le abone todas esas cantidades que considera ella y este sindicato que la administración le adeuda, pero no le responden.
Los servicios jurídicos de Ustea Cádiz presentaron contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía hace ahora año y medio, sin novedades de momento. "Creemos que en un país razonable y justo, la misma administración española y andaluza que ha mirado para otro lado y que ha considerado a María un número y que le ha hecho sufrir más de lo mucho sufrido, debería paralizar el contencioso pagando las cantidades que consideramos que, en justicia, se le adeuda y pidiéndole perdón por el trato que se le ha dado, justo en el peor momento de su vida, tras 34 años de servicio en el cuerpo de docentes de Secundaria y Bachillerato", abunda el sindicato, que denuncia este caso cuando se celebra, el 19 de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama.
Comentarios