En el paro o desplazados a cientos de kilómetros se verán este curso escolar una gran parte de la totalidad de los interinos docentes de la Junta de Andalucía. Así al menos lo ha denunciado Docentes Unidos Andalucía, que ha mostrado su hartazgo ante el "constante proceso de deterioro y desprecio al que está siendo sometida la educación pública, no solo en Andalucía, sino en el conjunto del territorio español, más allá del abuso de contratación temporal encadenada que incurre en la ilegalidad y en fraude de ley".
La referida plataforma ha lamentado la masificación de las aulas, una cuestión que "perpetúa la lacra de las aulas con ratios por encima de lo establecido". También ha mostrado su malestar por la falta de personal docente y no docente (administrativos, ordenanzas, orientadores, pedagogas terapéuticas, personal sanitario, etc).
"La infrafinanciación en los centros públicos deteriora las infraestructuras, haciendo de nuestros centros lugares peligrosos para estudiantes y trabajadores. En las condiciones de trabajo, los materiales presentan problemas aún sin resolver como, la no aplicación sistemática de la Ley de Bioclimatización aprobada en el Parlamento Andaluz o la retirada del amianto de algunos centros", denuncian desde Docentes Unidos Andalucía, que también pone el acento sobre la burocratización extrema de la función docente que "nos aleja del objetivo final de nuestro trabajo: preparar clases y formar al alumnado".
Ante esta situación, han configurado un conjunto de reivindicaciones que queda detallado a continuación:
1. Doble vía de acceso real, con cupo igualitario para interinos y aspirantes. Ampliando la oferta pública y a bajo coste de másteres y formación en general, así como un temario unificado, exámenes no eliminatorios, con listado de prácticas cerradas y rúbricas claras conocidas previamente. Queremos que se valoren, en el caso de los funcionarios docentes interinos, todas las oposiciones aprobadas (incluidas las anteriores a 2012), que cuente todo el tiempo de servicio del que disponen, no sólo hasta 10 años (0,7 puntos por cada año completo trabajado) y que se bareme en todos los procesos selectivos el título de idiomas de B2, que ha sido siempre el título habilitante para el ejercicio de la docencia por La Junta de Andalucía. Queremos parar la convocatoria de estabilización de 2024 si la Junta no rectifica y revisa las actuales condiciones de la misma (teniendo en cuenta que ni siquiera se han convocado todas las especialidades).
2. Que se amplíe la Orden de 10 de junio de 2020, (BOJA 116 de 18 de junio de 2020), permitiendo que se pueda elegir una sola provincia para vacantes (por cualquier circunstancia personal o familiar) y que además se pueda seleccionar por distritos educativos en las provincias para vacantes y sustituciones, debido a la gran extensión que tiene Andalucía, tal y como ya se viene haciendo en el ámbito sanitario. De este modo, se reducirían las renuncias provocadas por el desajuste que supone un traslado de provincia para la conciliación familiar, los docentes de mayor edad y otras situaciones económicas y personales que imposibilitan la incorporación a nuestros puestos de trabajo. Así mismo, pedimos poder declararnos inactivos, o pasar a dicha situación sin ser expulsados de la bolsa si tuviéramos que renunciar a la vacante que nos asignen por motivos personales o familiares. Igualmente, para favorecer un mejor funcionamiento en las asignaciones, se deberían conocer previamente las vacantes informatizadas, para poder realizar la ordenación de centros en la petición de destinos, con base en las plazas disponibles realmente.
3. Bajada de ratios. Como recoge en la ILP presentada en el verano de 2022, contando con el apoyo de más de 50.000 ciudadanos (www.bajadaderatioya.org). Es urgente y necesaria una bajada de ratio real en nuestros centros educativos, en pos de una mayor calidad de la enseñanza, una mejor atención a la diversidad y unas condiciones más dignas para el profesorado y el alumnado.
4. Basta de recortar líneas y plazas. Cada año nos sorprendemos con la eliminación de nuevas líneas en nuestros centros educativos públicos. Esto, no sólo redunda en una masificación de las aulas y el empeoramiento de la educación que se ofrece, sino también, en la reducción de plazas y vacantes que cada año se sacan en todas las especialidades. Consideramos gravísimo que estén uniendo grupos de distintas edades conformando en suelo urbano aulas mixtas propias de zonas rurales despobladas, como está ocurriendo en el barrio de Pino Montano de Sevilla, una ciudad altamente poblada. Basta de desmantelar nuestros centros educativos públicos, basta de reducir las vacantes y plazas. Dinero público, para centros públicos. Los concertados se crearon como medida excepcional. Si quieren mantenerlo, que utilicen a partir de ahora a personal público, aumentando así el número de vacantes.
5. Por la dignificación del profesorado y su jornada de trabajo. Necesitamos un descenso de la burocratización del trabajo del profesorado. Basta de seguir cargando al personal docente con tareas burocráticas y de gestión mientras mantenemos la misma o una mayor carga lectiva. En este contexto, y máxime con la nueva ley educativa, el profesorado cada vez tiene más obligaciones y más trabajo, impidiendo ejercer nuestro cometido con dignidad y calidad. En concreto, vemos generalizarse las jornadas de trabajo maratonianas; lo que se permite de manera excepcional, acaba convirtiéndose en la norma, normalizándose la docencia de más de las 18 horas lectivas establecidas por ley en secundaria, con el consiguiente ahorro de la administración a la hora de contratar a más personal docente. Que la reducción de jornada lleve aparejada una compactación del horario, e incluso reducción de los días de asistencia al centro, para hacerla efectiva y eficaz como medida de conciliación.
6. Transparencia en las vacantes correspondientes a los interinos en fraude de ley. Queremos un listado de dichas vacantes y saber a quiénes han sido asignadas. De la misma manera, solicitamos que a los interinos de educación que han encadenado contratos con la administración, como establece la Ley 20/2021, hasta encontrarse en situación de fraude por abuso de temporalidad, se les garantice la fijeza y se ponga fin a esta circunstancia injusta.
7. Sustituciones eficaces e inmediatas. Otro aspecto que agrava la calidad de la docencia y que afecta especialmente al alumnado, es la norma por la que la administración tarda 15 días en realizar el llamamiento de sustitutos en los casos de bajas médicas. Una vez más, con el fin del ahorro presupuestario, la administración hace pagar al alumnado y a la estabilidad del profesorado sustituto sus decisiones. Exigimos una sustitución inmediata en las bajas médicas. SIPRI debe dejar de ser una maquinaria opaca y ofrecer transparencia en las necesidades educativas reales y la oferta realizada, asegurándose que se satisfacen dichas necesidades, cubriendo las bajas que se producen y con llamamientos más a menudo (no sólo dos días en semana, o incluso uno, como actualmente). Denunciamos también que supriman convocatorias hasta 15 días o más antes de las vacaciones para ahorrarse dinero, en detrimento de los alumnos que se quedan sin docentes en plena evaluación, en muchos casos.
8. Los ámbitos deben desaparecer en secundaria, dando a cada docente la especialidad en la que se ha formado, ya que el alumnado está mejor atendido con un docente especialista en la materia que imparte. Una cosa es completar horario y otra abusar.
9. Listado de centros adaptados para docentes con discapacidad.
10. Que se cumpla la Ley de Bioclimatización, se elimine el amianto de los centros escolares y sean espacios seguros donde trabajar.
11. Que el personal interino sustituto pueda cobrar la nómina a mes vencido si se incorpora en la primera mitad del mes.
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