El sindicato CSIF, mayoritario en la educación pública andaluza, ha denunciado la falta de previsión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ante la alerta meteorológica registrada este martes en la provincia de Cádiz y ha advertido de la situación de desprotección en la que, a su juicio, quedaron tanto los docentes como el conjunto de la comunidad educativa. La organización considera que la Administración mantuvo la actividad lectiva con normalidad en la mayoría de los municipios pese a las condiciones adversas, lo que califica de “falta de responsabilidad”.
Durante la jornada se suspendieron las clases presenciales en varias localidades, en su mayoría de la Sierra de Grazalema, mientras que en el resto del territorio provincial persistió la incertidumbre a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología había activado la alerta naranja. Desde la costa noroeste hasta el Campo de Gibraltar se registraron carreteras cortadas, inundaciones, caídas de árboles y de mobiliario urbano, así como filtraciones de agua en centros educativos y recomendaciones oficiales para evitar desplazamientos y actividades al aire libre. Aun así, según el sindicato, el profesorado estuvo obligado a acudir a sus puestos de trabajo.
CSIF reclama la adopción de medidas urgentes y la emisión de directrices claras que garanticen la seguridad del alumnado y del personal educativo. “No hablamos únicamente de desplazamientos a los centros en los propios municipios, sino también de aquellos docentes que tienen que acudir a otras localidades para impartir clase y que, literalmente, ayer pusieron en peligro su vida”, ha señalado la organización. A su juicio, la falta de actuación preventiva vulneró los principios básicos de la prevención de riesgos laborales pese a la existencia de avisos meteorológicos públicos y claros.
El sindicato también ha puesto el foco en la ausencia de una normativa específica que ampare al profesorado funcionario para no acudir a su puesto de trabajo en situaciones de inclemencias graves, a diferencia del personal laboral, que puede acogerse al Estatuto de los Trabajadores y disponer de un permiso retribuido de hasta cuatro días. “La falta de referencia al respecto en el Estatuto Básico del Empleado Público deja en total indefensión al personal funcionario, entre ellos al profesorado”, ha denunciado CSIF, que exige la revisión y actualización de los protocolos de actuación ante alertas meteorológicas.
CSIF pide nuevos protocolos
Entre sus demandas figura que dichos protocolos prioricen la seguridad de estudiantes, docentes y personal no docente, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones o con accesos complicados. La organización considera además “cuestionable” la gestión realizada por la Administración educativa y critica la lentitud en la difusión de comunicados oficiales, que, según sostiene, deberían haberse emitido en la tarde previa, cuando las previsiones ya apuntaban a un episodio de especial intensidad.
Por último, CSIF subraya la necesidad de reforzar la coordinación entre las distintas autoridades y la administración educativa para gestionar con mayor eficacia las emergencias y ofrecer respuestas rápidas y claras sobre la apertura o cierre de los centros escolares. A su entender, una mejor comunicación permitiría adoptar decisiones informadas y reducir los riesgos para toda la comunidad educativa en episodios meteorológicos extremos.