Denuncian las altas masivas de docentes embarazadas: "Están poniendo en riesgo la vida de madres y bebés"

La Junta de Personal Docente No Universitaria de Cádiz entiende que tras estas prácticas subyace "una administración sanitaria mercantilista y patriarcal"

María Jesús, delegada sindical de USTEA Cádiz, y otros representantes, en una imagen reciente. La Junta de Personal Docente no Universitario denuncia las altas masivas de docentes embarazadas.
María Jesús, delegada sindical de USTEA Cádiz, y otros representantes, en una imagen reciente. La Junta de Personal Docente no Universitario denuncia las altas masivas de docentes embarazadas.

La Junta de Personal Docente No Universitario de Cádiz ha manifestado su estupor y absoluta indignación al comprobar que, un año más, al llegar septiembre, "la inspección médica obliga con altas masivas a nuestras compañeras embarazadas a incorporarse a sus puestos de trabajo, ignorando las causas que las mantenían en IT por sus médicos de atención primaria o especialistas".

En Cádiz son más de 30 docentes embarazadas las que han sido dadas de alta sin ni siquiera ser vistas por el inspector médico que lleva estos casos. María Jesús de León, presidenta de la Junta de Personal, cuenta a lavozdelsur.es lo exagerado que está siendo este año este tema. "No es una cosa nueva, pero ya este año se están superando. Hay un gran desconocimiento por parte de la administración médica. Las docentes interinas tienen que tomar posesión de su puesto a principios de curso. Si no van es como si no se hubieran incorporado a trabajar. Siempre están con la cantinela de que el embarazo no es una enfermedad, pero no tienen en cuenta que hay embarazos que se pueden complicar y hay mujeres que pueden sufrir cualquier patología o trastorno. Mujeres embarazadas que tienen que desplazarse cientos de kilómetros en su situación". 

Una práctica, tal y como denuncian, que "pone en serio riesgo la salud y la vida de estas docentes y sus bebés, muchas de ellas en las semanas finales de sus embarazos, o con serias patologías, dolencias o dificultades, tanto de las madres como de sus hijos, que se ven obligadas a desplazarse con vehículos a decenas o centenares de kilómetros de su domicilio para desempeñar su labor, y que destroza la planificación de los centros al cortar las sustituciones de las personas que las reemplazaban. Hemos de resaltar que es una práctica que, por sí misma, añade un gran estrés a las gestantes, complicando aún más su situación médica y la de sus hijos".

Tras estas altas masivas, la Junta de Personal enviará un escrito a los delegados de Educación, así como a la dirección provincial del INSS, instando a que se reconsideren "las altas por ser constitutivas de delito; no solo al poner en serio riesgo las vidas de nuestras compañeras y sus bebés, sino por tratarse de una clara discriminación laboral al no respetarse sus derechos durante el embarazo, y por estar orientada a las gestantes interinas –que son las atendidas por la seguridad social–, ya que las funcionarias dependen íntegramente en sus IT de la inspección médica de la propia delegación". 

También han estado en contacto con la delegada de Salud, Isabel Paredes, que ha referido desconocer esta situación y ha mostrado cierto interés en tratar de mediar para que no haya estos ataques a la salud de las gestantes. 

Desde la Junta de Personal entienden que, bajo esta práctica, "subyace una administración sanitaria claramente mercantilista y patriarcal, que esgrime como argumento el que “el embarazo no es una enfermedad”, sin respetar que durante la gestación muchas mujeres que tienen patologías previas pueden empeorar, o que, durante ese embarazo y por sus propias circunstancias, muchas mujeres sufren dolencias asociadas que requieren esas IT".

Por todo esto, exigen "la protección de la salud y la vida en primer término, tanto de nuestras compañeras como de sus bebés, y que quienes están realizando estas altas masivas sean sancionados por ponerlas en riesgo, e iniciaremos para ello las gestiones para denunciarles en inspección de trabajo y en la propia Fiscalía por tratarse de una práctica abusiva y discriminatoria por parte de la administración médica".

Hace un par de años, una mujer que se encontraba embarazada de gemelos, en IT y reposo absoluto, y con domicilio en otra provincia, fue obligada por la inspección médica de Cádiz a presentarse personalmente para su valoración. En el camino de regreso sufrió un aborto y perdió a sus hijos. "Por ello no permitiremos que ninguna de nuestras compañeras tengan que pasar por una situación así. Y recordamos a las autoridades médicas que son ellos quienes han de velar por la salud y la vida de la población en general, y a las autoridades educativas, que han de velar por los derechos de sus trabajadoras, igual que hacemos desde esta Junta de Personal", concluyen.

Sobre el autor:

R. G.

Periodista con más de veinte años de experiencia en los medios de comunicación (prensa escrita, digital, radio y televisión). Autor de 'Nosotras. Historias del olvidado deporte femenino' y otros seis libros más. Recuperando la ilusión por contar la vida en lavozdelsur.es

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