El sindicato CCOO ha vuelto a alzar la voz sobre la situación de los comedores escolares en Andalucía, denunciando un proceso continuado de privatización que, según advierten, se arrastra desde finales de los años 90 y que está afectando tanto a la calidad del servicio como a las condiciones laborales del personal. El origen de este cambio, recuerdan, se sitúa en el Decreto 192/1997, que introdujo dos modelos de gestión: el directo, basado en cocinas propias en los centros con productos cercanos y de temporada, y el indirecto, a través de empresas de catering que elaboran los menús en macrococinas y los distribuyen. Desde entonces, el sindicato denuncia una “carrera meteórica” hacia este segundo modelo, impulsada —según sostienen— por intereses económicos.
Los datos del curso 2025/2026 reflejan con claridad esa evolución. En Andalucía hay 2.910 comedores de gestión indirecta frente a solo 473 de gestión directa, lo que supone que apenas el 19% del total mantiene el modelo público tradicional. La distribución provincial evidencia también este desequilibrio:
- Almería: 233 comedores indirectos frente a 74 directos
- Cádiz: 372 indirectos y 46 directos
- Córdoba: 266 indirectos y 80 directos
- Granada: 339 indirectos y 54 directos
- Huelva: 209 indirectos y 35 directos
- Jaén: 226 indirectos y 39 directos
- Málaga: 609 indirectos y 50 directos
- Sevilla: 656 indirectos y 95 directos
El sindicato va más allá y denuncia una estrategia de “asfixia presupuestaria” hacia estos comedores públicos. Aseguran que, pese al aumento del número de usuarios —debido en gran parte a la necesidad de conciliación familiar—, no se refuerzan ni las plantillas ni los recursos. El resultado, explican, son situaciones límite: comedores con dos trabajadores para 160 alumnos o incluso una sola persona para 70 servicios, que debe encargarse de cocinar, servir, limpiar, organizar pedidos y atender proveedores.
Esta sobrecarga laboral, advierten, repercute directamente en la calidad del servicio y acaba empujando hacia la privatización. Además, CCOO señala que este proceso ha supuesto destrucción de empleo público y un empeoramiento de las condiciones laborales, con ratios elevadas, falta de sustituciones y carencias en instalaciones.
Frente a este escenario, el sindicato defiende el comedor escolar como un servicio social y educativo. Social, porque ayuda a reducir desigualdades y facilita la conciliación —especialmente en el caso de las mujeres—; y educativo, porque fomenta hábitos saludables y de convivencia.
Por ello, CCOO reclama un giro en la política de la Consejería de Educación: más financiación pública, incremento de plantillas, mejora de infraestructuras y facilitar que los centros que lo soliciten puedan volver a la gestión directa. En definitiva, una apuesta por un modelo que, según subrayan, priorice la calidad del servicio frente a la rentabilidad económica.