La Escuela San José de San Fernando es un centro educativo que echó a andar en 1989, a iniciativa de un grupo de profesores, recuperando el Hospital de San José para actividad educativa. Entonces, se llegó a un acuerdo con la titularidad del inmueble, el Obispado de Cádiz-Ceuta, para arrendar las instalaciones y comenzar a dar clases de formación profesional. Ahora, según informaba el centro a la comunidad educativa, el Obispado les dijo que no seguirían en el edificio, que no se iba a mantener el alquiler.
Desde entonces, la institución dirigida por el obispo Zornoza ha entablado una batalla pública ante esas afirmaciones del centro. Éste lamentó públicamente esa sentencia del Obispado, que quería recuperar el antiguo hospital para septiembre de 2021 tras finalizar el contrato prorrogado en 2019. En un comunicado, el Obispado desmentía al centro, que hacía un llamamiento a las autoridades educativas para dotar de nuevas plazas a los alumnos que se quedaban sin centro.
"El Obispado de Cádiz y Ceuta quiere manifestar que en ningún caso, en relación al contrato de arrendamiento suscrito el enero de 2019, ha enviado comunicación formal alguna a la mercantil Centro de Educación Integral S.L. en el sentido de dar por extinguida irremediablemente la relación arrendaticia, de forma que imposibilite la apertura del proceso de matriculación del próximo curso escolar, aunque sí que es cierto que el contrato concluye el mes de septiembre", señalaban desde la institución. "Por lo tanto, no es cierto lo manifestado por la dirección del centro, atribuyendo el cierre del colegio a una voluntad unilateral del Obispado, como también recogen algunos medios de comunicación".
"Queremos incidir", prosigue el comunicado, "que desde el año 2019 no se ha recibido en el Obispado ninguna solicitud ni propuesta por parte de Centro de Educación Integral S.L. manifestando su interés en dar continuidad al arrendamiento en una nueva prórroga en términos similares al vigente. La Diócesis, como en años anteriores, sigue abierta a la negociación de un acuerdo similar al suscrito en 2019 que permita la continuidad del centro", aseguran.
"En cualquier caso, y con independencia de los dispuesto en el contrato vigente, de existir la intención de recuperar el inmueble, el Obispado de Cádiz y Ceuta siempre lo habría llevado a cabo comunicándolo formalmente y con la necesaria anticipación, a fin de que se pudieran reorganizar los recursos humanos y el alumnado. Esta comunicación formal no se ha llevado a cabo por nuestra parte. Por todo lo expuesto, no se entiende que la Dirección del Centro Educativo se excuse ante los padres, profesores y la opinión pública en una decisión inexistente por parte del Obispado, que por ello exige una rectificación".
Por su parte, el centro muestra su desacuerdo con el desmentido y aduce que "en el contrato vigente y redactado por el propio Obispado se especifica que no se va a renovar en ningún caso el arrendamiento y se añade “como contenido obligacional y esencial de este contrato el compromiso de no ofertar plazas educativas para el curso 2021/2022. En numerosas ocasiones, tras mantener diversos contactos con el Obispado, éste reiteró su postura acerca de la no renovación. Posteriormente, el representante legal de la Escuela contactó nuevamente con la Ecónoma, volviendo a manifestarse en los mismos términos e incluso mostrando su desagrado ante la insistencia por nuestra parte", manifiestan.
"Es por ello que consideramos que no existía ninguna intención de negociar la renovación del contrato, viéndonos abocados a renunciar a la solicitud de concierto y comunicar la decisión al personal del Centro y a las familias del alumnado. Por supuesto que esta Titularidad agradece y valora la intención conciliadora manifestada por el Obispado en su comunicado y, por ello, consideramos necesario y más adecuado mantener una comunicación directa, puesto que la situación es lo suficientemente seria y dolorosa como para hacerlo públicamente. Por consiguiente, el representante legal de la Escuela se pondrá en contacto inmediatamente con el Obispado, con intención de reconducir las negociaciones y llegar a un acuerdo viable para ambas partes", remachan desde el centro.
De esta forma, alguien no está diciendo la verdad, o el Obispado o el centro educativo, a la luz de que ambas versiones son desmentidos de la totalidad de las afirmaciones de la otra parte. En todo caso, la situación, de no resolverse, podría costar su puesto de trabajo a dos decenas de profesores, que dan clases de Secundaria, Bachillerato y FP, además de obligar a buscar un nuevo centro a decenas y decenas de familias.
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