La Junta de Andalucía ha rechazado más de 123 millones de euros procedentes de fondos europeos para financiar la creación de 12.000 plazas de Educación Infantil de titularidad 100% pública en la comunidad. El impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las principales inversiones educativas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores "más importantes" de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños.
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido al Gobierno andaluz que "sea valiente" y aclare "por qué renuncia a la creación en Andalucía de 12.069 plazas de Educación Infantil para ayudar a familias que no pueden pagar una guardería", en relación al programa de cooperación territorial de impulso a la educación de 0 a 3 años financiado con fondos europeos, cuya distribución por comunidades autónomas aprobó el Consejo de Ministros el 16 de noviembre.
Andalucía recibiría hasta 2023 un total de 123.060.066 euros para generar 12.069 plazas públicas en este tramo educativo, siendo la comunidad autónoma que más fondos recibe, de acuerdo con lo detallado por la Junta en un comunicado. Fernández ha apuntado que la Consejería de Educación y Deporte autonómica ha remitido al Ministerio de Educación y Formación Profesional una carta en la que manifiesta por escrito su desacuerdo con la finalidad del programa, consistente en la creación de plazas de titularidad pública, ya que, según señala la Consejería en el escrito, los fondos "deberían destinarse a mejorar las bonificaciones de todo el alumnado".
El delegado del Gobierno ha señalado que "la Junta debe ser valiente y decir la verdad a los andaluces, y explicarle a las familias con menos recursos el por qué de su negativa a garantizar plazas públicas de cero a tres años para sus hijos". Fernández ha explicado que la creación de estas plazas públicas de Educación Infantil tienen "un gran impacto social", ya que "facilitarían la vida a muchas familias que no pueden pagar guarderías y que en la mayoría de los casos lleva a que muchas mujeres tengan que abandonar su vida laboral para poder cuidar a los niños en esa edad temprana".
La Junta defiende el modelo andaluz
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, por su parte, ha lamentado que la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, haya hecho "oídos sordos" a las reiteradas solicitudes de adaptación del destino de los fondos de recuperación a la realidad del modelo andaluz de escuelas infantiles, "aceptado por todas las fuerzas políticas que en su día lo diseñaron, y por las empresas del sector".
El Gobierno andaluz, defendiendo el modelo de guarderías concertadas que existe en la comunidad, que son la amplia mayoría de las existentes, ha asegurado que se ponen en peligro más de 15.000 puestos de trabajo y la viabilidad de más de 2.000 pequeñas y medianas empresas.
La Junta quiere destinar los 123 millones de los fondos europeos a "dar un paso definitivo hacia la gratuidad del 0-3, es decir, que el destino de los fondos debería ser la gratuidad para las familias andaluzas y no la creación de más plazas". La Consejería de Educación y Deporte niega que haya renunciado a los fondos, sino que dice que "no puede participar de una aplicación que no tiene en cuenta la realidad andaluza y que significa a todas luces destrucción de empleo, de empresas y, a la postre, del propio modelo".
"La propuesta del Gobierno central, además, no garantiza los recursos suficientes para dar estabilidad futura a este servicio educativo, dado que sólo asegura financiación para la construcción de centros y para el primer curso, por lo que en 2024 podría darse la circunstancia de que no haya financiación para las plazas y ya no existiese una red de centros con las que conveniar", justifica la Junta.
Save the Children dice que el sistema "genera desigualdades"
Recientemente, la ONG Save the Children, durante la presentación de su informe Donde todo empieza, en el que realiza un análisis de las políticas públicas de Educación Infantil de 0 a 3 años en Andalucía, destacó que el sistema "genera desigualdades" entre las provincias y presenta un "déficit de calidad".
Aunque en Andalucía la tasa de matriculación en la Educación Infantil de 0 a 3 años es superior a la media estatal (40,9% frente a un 36,4%), esta expansión no ha sido homogénea en todas las provincias, existiendo "un desajuste entre la oferta y la demanda que no responde a las necesidades sociales".
La ONG explica en su informe que el aumento de las matriculaciones en esta franja educativa "ha sido consecuencia del incremento de los conciertos con centros de Educación Infantil de gestión privada" y que ese incremento no ha ido acompañado de una planificación que se adecue a las demandas ni a las necesidades sociales.
Además, pone de manifiesto las diferencias de calidad existentes entre las escuelas públicas de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros adheridos privados, ya que los centros públicos son los que están mejor financiados, tienen mejores infraestructuras y servicios de asistencia.
El director en funciones de Save the Children en Andalucía, Javier Cabrera, asegura que el actual modelo de la Educación de 0 a 3 años en Andalucía es ineficiente. "Es inadmisible que haya listas de espera y a la vez plazas sobrantes. Por eso, se necesita más planificación y una oferta pública de calidad, especialmente en la provincia de Cádiz, que es la que cuenta con mayor tasa de desempleo y de pobreza de toda Andalucía. Precisamente, son ellos, los niños menos escolarizados, los que más necesitan compensar las desigualdades", ha dicho.
En este informe, Save the Children reconoce el esfuerzo de la Junta de Andalucía por bonificar al 100% a las familias que se encuentran tanto en el umbral de pobreza severa (4.650 euros al año por unidad de consumo) como en la relativa (6.975 euros al año por unidad de consumo). Sin embargo, considera que esta tarificación no se adapta a su realidad económica, ya que el criterio para fijar el grado de bonificación se calcula en relación a la renta que la familia tenía dos años antes de realizar la matriculación, lo que "dificulta acompasar la situación económica actual con la probabilidad del pago", algo especialmente preocupante debido al impacto del covid.
"A pesar de los esfuerzos de la Junta de Andalucía", como resalta la ONG, "las familias llegan a asumir de media el 28% de los costes totales del servicio (la media en la UE está en el 25%)". A esto se le suman también los costes ocultos (compra de material, libros, etcétera) que tienen que sufragar íntegramente las familias, lo que puede desincentivarlas a la hora de matricular a sus hijos en esta etapa educativa, sobre todo a las que disponen de menos renta.
"Con el actual sistema, el gasto de matriculación de la franja 0 a 3 años puede no ser soportable para muchas familias vulnerables de Andalucía, que han visto cómo su situación económica ha empeorado y que no pueden afrontar los costes de este ciclo educativo", añade Cabrera.
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