El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido tras el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes en que se ponen en marcha medidas para compensar las consecuencias de la guerra en Irán, que están provocando una crisis económica sobrevenida. El cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del gas y el petróleo mundial, han propiciado subidas que llegan tres semanas después a los bolsillos de los ciudadanos. Una "guerra ilegal" a la que se opone España, pero que afectará menos que al resto de países, ha dicho Sánchez, en parte por la menor dependencia del gas natural.
El Gobierno ha calculado una inversión de 5.000 millones de euros, entre lo que se invierte y deja de recaudar. Entre las decisiones más inmediatas destaca una rebaja de hasta 30 céntimos por litro en los carburantes, acompañada de una ayuda directa de 20 céntimos por litro para profesionales: transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. En la práctica, el Ejecutivo calcula un ahorro medio de unos 20 euros por depósito.
El paquete incluye una fuerte bajada de impuestos energéticos. En la electricidad, los tributos se reducen un 60%, el IVA cae del 21% al 10% y el impuesto a la producción se deja en el 0,5%. También se rebaja al 10% el IVA del gas, los pellets y la leña. Además, el Gobierno ha decidido congelar el precio máximo del butano y el propano, en un intento de contener el impacto inmediato en los hogares. Hasta ahora, estaba topado para que las escaladas no fueran excesivas, ahora directamente se congela.
La protección social se refuerza con la prórroga del bono social eléctrico hasta finales de 2026, el impulso al bono térmico y la prohibición de cortar suministros básicos a consumidores vulnerables, ha dicho Pedro Sánchez. Asimismo, promoverá una remorma legal para que la CNMC pueda sancionar a empresas que se lucren indebidamente subiendo precios.
El plan incluye también una bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, junto a nuevas ayudas para fertilizantes y mayor flexibilidad en contratos energéticos. En paralelo, el Ejecutivo apuesta por acelerar la transición energética con deducciones fiscales en el IRPF para instalar placas solares, puntos de recarga o bombas de calor, además de impulsar renovables y almacenamiento eléctrico.
El impacto será masivo: 20 millones de hogares y 3 millones de empresas se beneficiarán de estas medidas.
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