El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado razón este miércoles de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) de las primeras promociones residenciales de Andalucía con el objetivo de agilizar su ejecución y puesta en marcha. El proyecto Albacerrado, que prevé la construcción de 514 viviendas en Tarifa, se convierte así en la primera iniciativa en acogerse a esta fórmula contemplada en el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y en la Ley de Vivienda de Andalucía. Una alfombra roja para agilizar al máximo proyectos con teórico interés público.
Más de la mitad de las viviendas previstas, el 55%, se reservarán para vivienda protegida, un requisito clave para su inclusión en la UAP. La normativa establece que pueden incorporarse a este mecanismo proyectos con al menos 250 viviendas protegidas o promociones de más de 500 viviendas que reserven suelo para este tipo de inmuebles y se comprometan a iniciar la construcción del 50% en un plazo inferior a cinco años.
La iniciativa, promovida por Investment Real Estate Tarifa, cumple estos criterios al desarrollar el sector ATU-TA-01 Albacerrado. En total, se proyectan 283 viviendas protegidas, incluidas las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, y al menos la mitad de ellas serán de régimen especial, conforme a las directrices del Plan Vive en Andalucía impulsado por la Junta de Andalucía.
Un proyecto estratégico para el Campo de Gibraltar
El desarrollo de Albacerrado constituye la primera fase de un ámbito residencial de mayor alcance, que contempla en conjunto cerca de 1.000 viviendas, compartiendo infraestructuras y dotaciones. Esta dimensión refuerza el carácter estructurante de la actuación, amparada además en el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar, que identifica el ámbito de El Guijo-Albacerrado como área de oportunidad estratégica para el crecimiento residencial.
Desde el punto de vista económico, el proyecto supone una inversión de 131,7 millones de euros y un impacto relevante en el empleo. Las estimaciones apuntan a la creación de 454 puestos de trabajo directos durante las obras de urbanización y construcción, además de 14 empleos indirectos, con un efecto dinamizador sobre la economía local y comarcal.
La inclusión del proyecto en la UAP permitirá coordinar y acelerar la tramitación administrativa, acompañando a la promotora desde las fases iniciales hasta la puesta en marcha. Para ello, la unidad realiza un estudio detallado del proyecto, de la normativa aplicable y de todos los permisos necesarios, elaborando un cronograma consensuado cuyo cumplimiento supervisa hasta el inicio efectivo de las obras.
Esta asignación se enmarca en el conjunto de medidas impulsadas por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para incrementar de forma urgente la oferta de vivienda a precios asequibles. Entre los objetivos fijados se encuentra la promoción de 20.000 nuevas viviendas protegidas en cinco años, apoyándose en la colaboración público-privada y en la reducción de trámites urbanísticos.
La estrategia se ve reforzada con la entrada en vigor, el pasado 24 de enero, de la Ley de Vivienda de Andalucía, que articula sus actuaciones sobre cuatro pilares: aumentar la oferta de VPO, impulsar la rehabilitación, facilitar la disponibilidad de suelo, reducir la burocracia y ofrecer mayor seguridad jurídica a los propietarios.
Bronca municipal
A nivel municipal, el proyecto dio un paso clave en septiembre con la aprobación de la delimitación de la actuación urbanística ATU-TA-01, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. La medida reclasifica terrenos no urbanizables para un futuro barrio con unas 1.000 viviendas, de las que al menos 550 serían de protección oficial, y cuenta con el respaldo del equipo de gobierno local.
Sin embargo, el avance del expediente ha reabierto un debate político y social en Tarifa. Desde el PSOE local, que votó en contra en un pleno del pasado verano, se defiende que este tipo de desarrollos deberían abordarse dentro de un nuevo Plan General de Ordenación Municipal y se alerta sobre la disponibilidad de recursos hídricos para afrontar nuevos crecimientos urbanísticos.
Las críticas también han llegado desde la plataforma ciudadana Tarifa No Se Vende, que cuestiona el alcance real del acuerdo. "Se ha intentado presentar este acuerdo como si fuera la luz verde a un desarrollo urbanístico concreto, cuando lo cierto es que no hay ningún proyecto de construcción aprobado", señalaba hace unos meses en un comunicado. La plataforma advierte además de que el carácter protegido de parte de las viviendas podría ser "una etiqueta engañosa" si los ingresos necesarios para acceder a ellas superan los 50.000 euros anuales.