Pese a que legislatura tras legislatura se repite el mantra de la necesidad del cambio en el modelo productivo y la sobredependencia de Andalucía al turismo la realidad es bien distinta en la comunidad. Mientras algunas provincias ven perder poco a poco su industria, los pasos que da el Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos no cambian el rumbo de las últimas décadas. Ladrillo y turismo.
Si la Lista (Ley del Suelo), que presumiblemente se aprobará en los próximos meses, ha recibido críticas de la oposición por suponer un “urbanismo salvaje” y “volver al pelotazo urbanístico, de volver a la nefasta ley del Suelo de Aznar, que promulgaba que todo suelo era susceptible de ser urbanizado” según el diputado Guzmán Ahumada, de Izquierda Unida, el Ejecutivo andaluz prepara un decreto ley por el que se pretende facilitar a los hoteles la ampliación de sus instalaciones.
Con la pandemia como justificante, el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín, ha anunciado que “el objeto es mejorar la calidad de los establecimientos turísticos en suelo urbano permitiendo que aumenten su edificabilidad hasta un 15 por ciento, e incluso hasta un 20 por ciento si se corresponde con un aumento de categoría”.
La normativa está impulsada por Fomento con el visto bueno de la consejería de Turismo. Desde el Ejecutivo reconocen que esta medida va a flexibilizar la aplicación de los parámetros urbanísticos de edificabilidad, ocupación y altura facilitando de esta forma el cumplimiento de los requisitos, aunque sólo se podrán acoger “establecimientos de alojamiento turístico que se hallen legalmente edificados en suelo urbano”.
La Junta señala que en determinados supuestos se permitirán ampliaciones del 20% “que permitan a los establecimientos adaptarse a las categorías superiores y siempre que se modifique el planeamiento urbanístico correspondiente” para incentivar actuaciones de recalificación. Para esto hará falta un informe favorable de la consejería que dirige Juan Marín.
Serán los ayuntamientos los encargados de otorgar estas licencias urbanísticas. Marín ha afirmado que se aprueba el decreto debido a que la nueva normativa sólo dejaba dos opciones a los hoteles: reducir el número de habitaciones o ampliar la superficie y ampliar las dependencias.
Los establecimientos turísticos interesados tendrán un periodo de tres años desde la entrada en vigor del decreto para realizar todos los trámites que van desde la solicitud de la licencia al comienzo de las obras. La Junta califica esta medida como una “reivindicación histórica del sector” y “responde a una demanda del sector hotelero representado por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos)”.
El Gobierno andaluz ha remarcado que Baleares, Región de Murcia y Canarias han llevado a cabo normativas similares con éxito y beneficios económicos. La Junta espera que se movilicen más de 2.000 millones de euros y se generen 7.000 puestos de trabajo.
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