Un cambio de criterio que puede costar miles de euros. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha establecido que las indemnizaciones recibidas por trabajadores que se acogen voluntariamente a una prejubilación o baja incentivada deben tributar en el IRPF cuando no exista un ERE abierto en el momento de abandonar la empresa. La resolución, fechada el 27 de octubre de 2026, unifica el criterio administrativo y afecta especialmente a quienes ya dejaron su empleo mediante este tipo de planes y reclaman ahora a Hacienda la devolución del impuesto, pero también a aquellos trabajadores que estén valorando acogerse a una salida pactada.

La diferencia está en cómo se produce jurídicamente el cese. Cuando la prejubilación o baja incentivada se acuerda entre empresa y empleado sin que exista un procedimiento formal de despido colectivo, el TEAC considera que se trata de una extinción voluntaria de la relación laboral por mutuo acuerdo. En consecuencia, la compensación recibida se considera rendimiento del trabajo y debe declararse. 

El caso que ha llevado al TEAC a fijar este criterio comenzó con un trabajador de banca que se acogió voluntariamente en 2021 a un programa de salida. Posteriormente pidió rectificar sus declaraciones del IRPF para aplicar la exención prevista para determinadas indemnizaciones por despido. Hacienda se negó. El Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana dio la razón al empleado en 2025, pero la Agencia Tributaria llevó el asunto al TEAC. El Tribunal Central ha respaldado finalmente la interpretación de Hacienda.

La resolución establece que no basta con que una empresa esté reduciendo plantilla, que exista un plan colectivo de prejubilaciones o que muchos trabajadores se encuentren en una situación similar. Para considerar que existe un despido colectivo debe estar abierto el procedimiento legal correspondiente, con comisión negociadora, periodo de consultas y comunicación a la autoridad laboral. Si el trabajador firma antes o al margen de ese proceso, su salida se considera voluntaria.

Miles de euros de diferencia

El impacto puede ser muy elevado. La exención aplicable a determinadas indemnizaciones por despidos colectivos u objetivos tiene un límite máximo de 180.000 euros, mientras que una compensación derivada de una salida voluntaria sin ERE debe incorporarse al IRPF. TaxDown pone un ejemplo: un trabajador con un salario anual de 40.000 euros y una indemnización de 80.000 podría pagar unos 7.200 euros en Madrid si sale mediante un ERE y toda la indemnización queda exenta. Si se trata de una salida voluntaria sin ERE, la factura fiscal podría alcanzar 29.600 euros.

En Barcelona, el mismo supuesto pasaría de unos 7.900 a 31.100 euros. Para un salario de 70.000 euros y una indemnización de 140.000, la diferencia entre ambas vías puede llegar a 42.000 euros en Madrid y 45.000 en Barcelona. El criterio del TEAC es obligatorio para la Administración, por lo que las reclamaciones pendientes ante Hacienda se complican. Los tribunales, sin embargo, no están vinculados por esta resolución y los afectados todavía pueden acudir a la vía judicial para intentar demostrar que su salida no fue realmente voluntaria. La frontera que fija el TEAC queda así centrada en una cuestión: si había o no un despido colectivo formal abierto en el momento de dejar la empresa.