La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Ejecutivo dispone ya de un conjunto de medidas preparadas para hacer frente a las posibles consecuencias económicas derivadas de la Guerra en Oriente Próximo. Entre los instrumentos previstos figuran los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la prohibición de despidos en determinados supuestos, ayudas dirigidas a empresas y la activación del mecanismo RED, que permite a las compañías reducir jornadas laborales para evitar destrucción de empleo.
Durante unas declaraciones realizadas en Bruselas, la ministra explicó que estas herramientas ya están disponibles y que no sería necesario aprobar nuevas normas para ponerlas en marcha. Díaz subrayó que se trata de un conjunto de mecanismos que el Gobierno ya utilizó en crisis anteriores y que han vuelto a contar con el respaldo de los agentes sociales. Según trasladó, el objetivo es disponer de una respuesta rápida en caso de que el deterioro del contexto internacional tenga un impacto directo en la economía española.
En este sentido, el Ejecutivo ha compartido con sindicatos y organizaciones empresariales un documento que recoge el conjunto de instrumentos disponibles. La finalidad, según indicó la vicepresidenta, es proteger el empleo y ofrecer apoyo a los sectores económicos que puedan verse más afectados por el encarecimiento de la energía y de las materias primas. Díaz quiso transmitir un mensaje de tranquilidad tanto a las empresas como a los trabajadores, al asegurar que el Gobierno está preparado para intervenir si la situación lo requiere.
La explicación de Yolanda Díaz
La titular de Trabajo explicó que el Ejecutivo sigue con cautela la evolución del escenario internacional, especialmente tras el repunte registrado en los precios del petróleo y del gas durante los últimos días. A su juicio, uno de los principales efectos de esta situación podría trasladarse al aumento del coste de la energía, lo que podría derivar a su vez en una pérdida de poder adquisitivo para la población.
En este contexto, Díaz advirtió de que algunos sectores podrían verse especialmente expuestos a estas tensiones, entre ellos las industrias electrointensivas. Actividades como la química, el acero, la metalurgia o la industria farmacéutica podrían sufrir un impacto mayor debido a su elevado consumo de electricidad. También mencionó posibles efectos en el sector agrícola por el encarecimiento de los fertilizantes, así como en ámbitos como el agroalimentario o determinadas industrias exportadoras, donde el Gobierno pretende actuar para mitigar las consecuencias económicas.