La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitará la imposición de sanciones financieras contra el país. El motivo es que España no ha traspuesto todavía dos directivas en materia de IVA, una situación que convierte a nuestro país en el único Estado miembro de la Unión Europea que aún no ha cumplido con esta obligación. Las normas en cuestión afectan directamente a autónomos y pequeñas y medianas empresas, y su aplicación podría suponer un alivio económico y burocrático significativo para cientos de miles de trabajadores por cuenta propia.
El proceso no es nuevo. En enero de 2025, Bruselas ya abrió expediente a España por estos asuntos y en julio lanzó dos ultimátums al país para que regularizara su situación. Sin embargo, España "aún no ha notificado la transposición de ambas directivas al derecho nacional", según ha explicado el Ejecutivo comunitario. Ante la falta de respuesta, la Comisión ha decidido escalar el conflicto al máximo nivel judicial disponible en el ámbito europeo.
La primera de las directivas incumplidas tiene una repercusión directa sobre el modelo de tributación de autónomos y pymes que operan en varios países de la UE. Esta normativa otorga a los Estados miembros la potestad de aplicar el llamado IVA franquiciado, un régimen que permite no repercutir el IVA a aquellos pequeños empresarios y trabajadores autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año. España ha comunicado que "no tiene intención" de aplicar esta exención en su territorio, ya que se trata de una medida "opcional" para los países en el ámbito doméstico.
El argumento de Bruselas: sin transposición, los autónomos españoles no pueden acogerse al IVA franquiciado en otros países de la UE
Sin embargo, la Comisión Europea subraya que la cuestión va más allá de lo que España decida aplicar dentro de sus propias fronteras. Bruselas argumenta que España "debería transponer las disposiciones que permiten a las pymes establecidas en España aplicar el régimen de exención en otros Estados miembros". La razón es técnica pero determinante: "para que una pyme establecida en España obtenga la exención en otro lugar de la UE, primero debe registrarse ante las autoridades españolas", explica la institución. Sin esa transposición, el mecanismo queda bloqueado de raíz.
La segunda directiva incumplida tiene un alcance diferente pero igualmente relevante. Contempla disposiciones de carácter obligatorio —no opcional— relativas al lugar de prestación de determinados servicios retransmitidos o disponibles en línea, así como al régimen especial del IVA para productos de segunda mano, trabajos artísticos, antigüedades y artículos de coleccionista. En este caso, la Comisión advierte de que la falta de adaptación de España a estas normas "conlleva el riesgo de doble imposición o de no imposición", dado que los otros veintiséis Estados miembros sí han traspuesto la directiva y aplicarán reglas distintas a las españolas.
La reacción de Hacienda y la respuesta de los autónomos
Tras conocerse la decisión de Bruselas, el Ministerio de Hacienda ha reaccionado asegurando que la transposición de la directiva europea del IVA "ya está en tramitación en el Congreso". Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero han puntualizado a EFE que los cambios necesarios se incluyeron en una enmienda del PSOE a la ley que transpone otra directiva, la conocida como DAC8, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria. No obstante, la propia información apunta que hace meses que se cerró el plazo de presentación de enmiendas parciales sin que haya habido avances significativos en el proceso.
La noticia ha tenido una respuesta inmediata por parte de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), organización que en diciembre interpuso una denuncia contra el Gobierno de España ante la Comisión Europea precisamente por este mismo motivo. Su presidente, Lorenzo Amor, no ha ocultado su satisfacción ante el movimiento de Bruselas y ha denunciado con dureza la situación: "A fecha de hoy, el Gobierno de España sigue sin adoptar ninguna medida legislativa para transponer la Directiva Europea 2020/285. Los autónomos españoles son los únicos en la Unión Europea que no se pueden acoger al IVA franquiciado si facturan menos de 85.000 euros".
Amor ha señalado que se trata de una "importante noticia para los autónomos españoles que se sienten discriminados ante los autónomos europeos", y ha cuantificado el perjuicio: "Los autónomos podrían tener un ahorro de hasta 600 euros en costes, en burocracia, por el hecho del IVA franquiciado". El presidente de ATA ha aprovechado para cargar contra el Ejecutivo: "Hacienda y el Gobierno de España es lento y perezoso en transponer directivas que faciliten la labor a los pequeños empresarios y los autónomos. Pero es ágil cuando son directivas que lo que significa es recaudar más y con directivas que lleven más carga para los autónomos".
Pese a la gravedad del procedimiento abierto, conviene matizar un aspecto importante: España no tiene obligación legal de aprobar el IVA franquiciado para los autónomos que operan exclusivamente en territorio nacional, ya que esa parte de la directiva es de aplicación voluntaria para los Estados miembros. El conflicto con Bruselas se centra, fundamentalmente, en que la falta de transposición impide a los pequeños empresarios y autónomos españoles beneficiarse de ese régimen cuando desarrollan su actividad en otros países de la Unión Europea, dejándolos en una posición de desventaja competitiva respecto a sus homólogos del resto del continente.