La alcaldesa socialista de Puerto Real exige al Gobierno de Sánchez que actúe ante los despidos de Alestis

Recuerda que la SEPI tiene el 25% de las acciones de la compañía, por lo que "tiene algo más que decir" frente al anuncio de 65 despidos, 40 de ellos en la planta de Puerto Real

La alcaldesa socialista de Puerto Real exige al Gobierno de Sánchez que actúe ante los despidos de Alestis.
La alcaldesa socialista de Puerto Real exige al Gobierno de Sánchez que actúe ante los despidos de Alestis.

El Ayuntamiento de Puerto Real solicitará que se realice un contrainforme que demuestre que el informe en el que se basa la dirección de la empresa Alestis para plantear el despido de 65 trabajadores, 40 de ellos en la planta situada en el municipio, es “veraz al cien por cien”.

Es uno de los compromisos alcanzados por la alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, durante el encuentro mantenido con miembros del comité de empresa, a petición de éste, para dar a conocer la situación laboral de la plantilla y solicitar la ayuda de la administración local contra estos despidos.  Además de eso, según Amaya, el Ayuntamiento solicitará a la SEPI “que se pronuncie y haga lo posible para que esos despidos no se lleven a cabo”.

En declaraciones a los medios, la primera edil ha expresado su apoyo a la plantilla, así como de todo “el Ayuntamiento, el pueblo y espero que contemos entre todos con el apoyo de los responsables políticos y cargos públicos en las administraciones” para que “no vuelvan a abandonar a la Bahía de Cádiz y que no vuelvan a mermar la industria en el pueblo de Puerto Real”.

Tanto el Ayuntamiento como el pueblo de Puerto Real tienen claro que esos despidos “se tienen que paralizar”, ha dicho. En sus palabras, el clamor común es  que “la industria de la Bahía no vuelva a ser la gran damnificada”. “La Bahía de Cádiz no puede verse sometida ni a 65, 100, ni a 5 despidos más, por tanto, al igual que ocurrió con Airbus, donde el Gobierno central tiene un porcentaje de representación en la empresa, en este caso contamos con que la SEPI tiene el 25 por ciento del accionariado”, así que “estamos convencidos de que tiene algo más que decir” respecto a este asunto.

El presidente del comité de empresa, Pedro Lloret, ha agradecido la “rapidez” de la alcaldesa para atenderlos. Se sienten “engañados” y “estafados”, ya que consideran que el origen de esta situación está en un acuerdo firmado el año pasado que, en un principio, pretendía echar a 160 trabajadores menores de 48 años, sin que nunca les explicaran el motivo de ese tope de edad. Un centenar de empleados hicieron el “sacrificio” de abandonar en aquel momento la empresa voluntariamente, para que los otros 280 mantuvieran su empleo. “Y no puede ser que el sacrificio de esas personas ahora se vea en peligro por esta decisión unilateral de la empresa”.

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