En plena y larga polémica por la ley con la que la Junta pretende legalizar regadíos en la corona norte del Parque Natural de Doñana, una norma actualmente paralizada mientras Gobierno central y autonómico desbloquean este espinoso asunto, el Juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor ha citado como investigada a Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, por un presunto delito contra el medio ambiente.
Todo parte de una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente en Sevilla contra la empresa de la Casa de Alba Eurotécnica Agraria por ocho pozos clandestinos en una finca de naranjas de 200 hectáreas junto al Parque Nacional de Doñana. Un presunto robo de millones de litros de agua extraídas de forma ilegal, según ha adelantado este miércoles El País.
Este mismo periódico también publicaba hace solo unos días que la Fiscalía de Medio Ambiente también ha denunciado al extorero y empresario Miguel Báez, conocido durante su etapa profesional como 'El Litri', por, presuntamente, robar agua de un acuífero a apenas 30 kilómetros del Parque Nacional de Doñana para regar su finca de olivos de 360 hectáreas. Esta finca, de forma llamativa, recibió 287.000 euros de la PAC en dos años.
En la denuncia a la Casa de Alba, se trata de una finca con ocho pozos irregulares, Aljóbar en Aznalcázar, y Fiscalía incluso estima que se podría haber incurrido en un delito de desobediencia al impedir el paso a la finca a los agentes del Seprona y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando acudieron a cerrar los pozos el pasado 12 de junio. La Guardia Civil no procedió al sellado hasta la pasada semana.
El terrateniente Alfonso Martínez de Irujo, que gestiona la finca junto a su hijo Luis, admite la irregularidad, según recoge El País, pero le quita hierro: "Hay una serie de pozos más de los debidos, pero no es tan malo como aparenta". La empresa ha remitido un escrito al juzgado para que sea Luis Martínez de Irujo quien pase a estar investigado en lugar de la duquesa de Montoro, ya que esta ostenta la presidencia de la sociedad circunstancialmente.
Según figura en el Registro Mercantil, la sociedad de la Casa de Alba Eurotécnica Agraria está presidida por Eugenia Martínez de Irujo Fitz-James Stuart y en su consejo de administración se sientan sus hermanos Cayetano y Fernando José Martínez de Irujo, además de su sobrino Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe-Langenburg.
Cambio de uso a olivar de regadío intensivo sin autorización ambiental
El Ministerio Público detalla que en 2019, el acusado, como representante legal de la empresa que explotaba la finca, "realizó un cambio de uso a olivar de regadío intensivo", sin solicitar siquiera la autorización ambiental unificada obligatoria para este tipo de operaciones.
"El nuevo cultivo de regadío intensivo exigía lógicamente un volumen de agua muy superior al requerido hasta entonces, obstáculo que el querellado superó detrayendo cantidades importantes de agua subterránea del sistema de explotación Guadiamar, declarado como deficitario por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y donde cualquier actividad que implique un aumento de la superficie de regadío se considera incompatible con el plan hidrológico de la cuenca", expone la Fiscalía, remarcando que el acusado no contaba con permisos de la CHG.
El escrito prosigue exponiendo que en 2020, el servicio de control de la CHG detectó en dicha finca un sistema de riego por goteo con "aguas subterráneas procedentes de cuatro pozos" en este "olivar superintensivo" promovido por el inculpado a costa de un sistema hídrico ya deficitario.
Según la Fiscalía, desde 2019 a la fecha de detección del asunto, el encartado habría detraído ilegalmente casi 2,4 millones de metros cúbicos de agua, afectando de manera "importante" a la masa de agua Campo de Tejada y con ello a "una zona declarada zona protegida de aguas destinadas a la producción de vida piscícola".
La Fiscalía calcula un daño al dominio público hidráulico de 574.308 euros, exponiendo que en las actuaciones, el sistema de fotografía aérea "ha permitido confirmar un riego continuo incluso en meses de sequía absoluta, mediante los pozos ilegalmente construidos, circunstancia verificada por el organismo de cuenca".
Así, la Fiscalía achaca al querellado un presunto delito contra el medio ambiente y otro de daños, reclamando como medida cautelar que se imponga al inculpado una fianza de 574.308 euros.
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