La Junta de Andalucía ha sorprendido este miércoles con el anuncio de lo que califica como "el mayor hito ambiental realizado en los últimos 45 en Doñana tras la ampliación de 1978". Esto es la compra de 7.500 hectáreas en el Espacio Natural de Doñana con el objetivo de ampliar el Parque Nacional un 14%.
En concreto se trata de una parte de la finca 'Veta La Palma' ubicada en el municipio de La Puebla del Río, en la zona de la Isla Mayor del Guadalquivir. El propio consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha calificado este hecho como la "noticia del día".
De momento, la compra de estos terrenos ha sido bien recibida por los distintos actores que actúan en Doñana. Entre ellos, el Gobierno de España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera ― una de las más críticas con las políticas de Gobierno andaluz ― ha señalado que esta decisión va "en la buena dirección" aunque es "insuficiente".
Una postura similar mantiene el CSIC tras conocer la noticia. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, la ha calificado como buena, pero ha pedido a la Junta de Andalucía un plan de restauración que acompañe a esta medida. Por su parte, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva cree que "suma en el objetivo compartido de mejorar la preservación".
Fernández-Pacheco ha comparecido en el Palacio de San Telmo tras el Consejo de Gobierno con este como principal tema tratado. Lo cierto es que el portavoz de la Junta ha ofrecido explicaciones en algunos de los puntos que no se habían resuelto en el anuncio de Juanma Moreno y ha dejado otros en el aire.
Lo que sabemos
Aunque el Gobierno andaluz no ha hecho referencia explícita a sus propietarios, más allá de que son terrenos privados, conocemos que la finca tiene una extensión de unas 11.000 hectáreas, de las que 7.500 irán a parar a manos del Gobierno andaluz, pertenecen a la familia Hernández Barrera y se han usado durante las últimas décadas a la actividad acuícola, agricultura de secano y al cultivo del arroz. Esta familia, con Antonio Hernández Callejas a la cabeza, es una de las más ricas de Andalucía. De hecho, el propio Hernández Callejas se sitúa en el número 79 de la Lista Forbes de personas más ricas del país.
Esos usos se han dado a través de empresas como Hisparroz, S.A. y, posteriormente, la actual Pesquerías Isla Mayor, S.A. (PIMSA), dos empresas que se integran en Ebro Foods. De hecho, la mitad de las hectáreas que va a adquirir la Junta de Andalucía están inundadas artificialmente creando de esta forma una piscifactoría. Sin embargo, esta piscifactoría ha dejado de funcionar, lo que provoca el riesgo de perder las hectáreas inundadas. Un hecho que, según Fernández-Pacheco, ha sido decisivo para que la Junta dé el paso de adquirir los terrenos y garantizar de esta forma el humedal.
El Gobierno andaluz también ha dado a conocer el precio que pagará por estas hectáreas después de anunciar que ya ha cerrado el acuerdo con la familia propietaria. La Junta desembolsará alrededor de 70 millones de euros. El precio, según el portavoz, no es el más alto que el Gobierno ha pagado en Doñana. Pese a ello, aún no se ha firmado el contrato de compra-venta. En esta línea, Fernández-Pacheco ha hecho público que la operación se lleva fraguando desde el inicio de la legislatura.
Lo que no sabemos
Sin embargo, existe otra serie de cuestiones que la Junta de Andalucía no ha aclarado tras el anuncio de la compra de las hectáreas. El más importante es la financiación para acometer la operación. Desde el Ejecutivo andaluz se insiste en que será a través de fondos propios y fondos europeos, pero sin especificar qué porcentaje pertenecerá a cada uno de ellos.
El consejero de Sostenibilidad ha querido quitarle hierro al asunto asegurando que "no es tanto de dónde sale el dinero", sino que se lleve a cabo la operación. En cualquier caso, la voluntad de la Junta es que haya una mayor proporción de fondos europeos para poder preservar los fondos propios y destinarlos a otras cuestiones.
🔴 La Junta blindará Doñana y está dispuesta a comprar 7.500 hectáreas de Veta La Palma, el gran humedal anexo al Parque Nacional donde viven 300.000 aves en algunos momentos del año.
— Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 12, 2023
El objetivo es mantenerlas inundadas.
Es uno de los mayores hitos de Doñana.#ForoABCSev pic.twitter.com/gCPKCmpEzk
En el tema económico tampoco ha quedado definido el coste que supondrá para las arcas públicas el mantenimiento de este terreno. Las 3.500 hectáreas inundadas lo estaban por la actividad de la piscifactoría, por lo que el Gobierno andaluz tendrá que invertir para el mantenimiento de la zona.
Los aspectos de la negociación tampoco han sido anunciados. Fernández Pacheco no ha hecho público el momento concreto en el que se inició la negociación y tampoco ha precisado cuándo se llevará a cabo la firma del contrato con el que la Junta se hará cargo de una parte importante de la finca. "Ojalá a final de año", ha señalado.
El papel que desempeñará el Gobierno de España es otra de las dudas que han quedado sin resolver. La relación entre ambas administraciones no pasa su mejor momento. Mucho menos en todo lo que afecta al Parque Nacional de Doñana. En este sentido, el portavoz ha reconocido que la operación no se ha comunicado al Gobierno de España debido a que "entra dentro del ámbito de las competencias autonómicas andaluzas". Sin embargo, se ha mostrado convencido de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez colaborará en la aportación de fondos europeos. Precisamente, el Gobierno de España tendrá la última palabra sobre si los nuevos terrenos que va a adquirir la Junta van a ser visitables dentro del Parque Nacional.
Y de fondo, la ley de regadíos
Pese a que ambas cuestiones pertenecen a provincias diferentes, la situación parlamentaria obliga a vincular esta compra de terrenos con la ley de reordenación del territorio en la Corona Norte de Doñana donde se regularizarán centenares de hectáreas de regadíos ilegales. Los grupos de la oposición, de hecho, han acusado al Gobierno andaluz de "hipócrita" e "incongruente" por llevar a cabo ambas iniciativas.
Fernández-Pacheco ha insistido en que la norma "en ningún caso legaliza un solo pozo ilegal en Doñana", y "viene a aportar soluciones a aquellas personas que las demandaban basándose en una situación que todo el mundo ha criticado", y ello "salvaguardando el acuífero de Doñana". En esta línea, ha manifestado que las concesiones serán para aguas superficiales.
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