El Parlamento de Andalucía, gracias a los votos favorables de PP, Cs y Vox —con la abstención del resto de formaciones— aprobó hace unas semanas el pago de 20 millones de euros para costear la expropiación de terrenos en Puerto Real para, en un futuro, dar vida a un área logística en la Bahía gaditana, el anteriormente conocido como proyecto de Las Aletas.
De esa cantidad, 10,8 millones corresponden a la mercantil Dehesa Norte —propietaria de 56 hectáreas de terreno—, a la que ya se había abonado 2,5 millones anteriormente; y 7,3 millones de euros a la familia Derqui —dueña de 203 hectáreas—. Además, se han abonado 7 millones de euros a otra familia con terrenos en la zona.
En total, 25 millones de euros abonados por la Junta de Andalucía para expropiar terrenos en los que asentar un proyecto sobre el que planean muchas dudas. El proyecto de Las Aletas echó a andar en 2004, cuando se declaró de interés autonómico para el desarrollo de actividades la zona Aletas-Río San Pedro —en un terreno que abarca más de 500 hectáreas—, y casi dos décadas después sigue sin ver la luz.
La Junta de Andalucía de PP y Cs, con el apoyo de Vox en el Parlamento andaluz, se apunta el tanto de retomar el proyecto, tumbado en 2009 y en 2017 por el Tribunal Supremo al contravenir la Ley de Costas, y después de cambiar hasta su denominación. Ya no es el proyecto Las Aletas, ahora se llama Lógica Plataforma Logística, Tecnológica y Medio Ambiental de la Bahía de Cádiz, de menor tamaño, 120 hectáreas de suelo patrimonial no afectado al dominio público.
El Gobierno andaluz paga así 20 millones de euros a dos grandes tenedores de terreno, como son Dehesa Norte y la familia Derqui. Dehesa Norte es una empresa dedicada al cultivo del arroz con sede fiscal en Madrid. Elías Hernández Barrera es su responsable, uno de los máximos accionistas de la multinacional Ebro Foods, quien —al menos hace unos años— posee la mayor fortuna de Castilla y León y una de las mayores del país.
La familia Derqui, por su parte, tiene a varios miembros en la judicatura, algunos con agrias polémicas a sus espaldas. Francisco Javier Martínez Derqui, magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 7 de Madrid, fue noticia en 2018 por llamar “bicho” e “hija puta” a la modelo María Sanjuán durante un juicio, por lo que se le abrieron diligencias. Otro miembro de la familia, Francisco de Borja Derqui-Togores de Benito, titular en el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz, fue denunciado ante la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sus “improperios, malos modos y gritos” durante los juicios.
Con esta expropiación y el pago de 20 millones de euros, la Junta se adjudica el mérito de desatascar un proyecto cuyo prometedor futuro, tantas veces anunciado, está por ver. “Ya llevamos abonados más de 297 millones de euros en concepto de indemnizaciones por reclamaciones judiciales o cancelaciones de contratos”, recordaba la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en sede parlamentaria.
Ahora el Consejo de Ministros debe aprobar la disolución de la antigua sociedad Las Aletas como paso previo a la creación de la nueva sociedad mercantil, Lógica Plataforma Logística, Tecnológica y Medio Ambiental de la Bahía de Cádiz, con la que el Gobierno andaluz espera generar una inversión de 70 millones de euros y unos 3.000 empleos, concentrando allí la actividad logística de la Bahía de Cádiz. Las empresas tendrán a su disposición, según Carazo, “120 hectáreas de un terreno ubicado en un lugar privilegiado que vendrá a reforzar las posibilidades de crecimiento de la economía gaditana”.
El Consorcio Aletas se constituyó en 2007, impulsado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía —ambas gobernadas por el PSOE por aquel entonces—, y posteriormente se sumaron Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Puerto Real, en 2008. La entidad, disuelta sin actividad, se ha llevado años con dinero público inmovilizado, y pagando unos 87.000 euros anuales a dos trabajadores —65.000 euros en sueldos y más de 21.000 euros en costes sociales—.
Oposición al proyecto
El Ayuntamiento de Puerto Real, gobernado en 2017 por Podemos, impulsó una comisión de trabajo llamada Las Aletas, alternativa real y sostenible, criticando un proyecto “inviable” e “insostenible”, a la par que “injusto e insolidario”, ya que “no viene a dar soluciones reales a las necesidades de trabajo y bienestar de la población y al buen uso y gestión de los recursos naturales de nuestro territorio”.
Al colectivo LARS, Las Aletas: alternativa real y sostenible, se sumaron partidos y colectivos ecologistas, que apuestan por "poner en pie alternativas reales y sostenibles, que respeten y protejan nuestro paisaje vital, nuestro medio natural, nuestro patrimonio comunal, nuestra riqueza autóctona y colectiva y que, a la par, generen cohesión social y territorial, actividad productiva y trabajo decente, estable y de calidad".
"Desde 2007, con la creación del Consorcio Aletas y la inversión de más de 180 millones de euros, se han venido encadenando propuestas estériles e inviables. Incapaces de resolver los problemas de trabajo reales, ni de atender a las demandas y necesidades crónicas de desarrollo sociocomunitario, medioambiental y económico de nuestra zona", recordaba el colectivo LARS en un manifiesto.
"Todo lo que se ha planteado hasta ahora por ese órgano ha sido rechazado por la Justicia, generando desconcierto y frustración en la población. Una población que a pesar de estar muy castigada por el desempleo y por la crisis, está también cansada de macroproyectos ilusorios que sólo sirven para la especulación, para el beneficio privado y para generar a la larga más pobreza, degradación ambiental y precariedad", recalcaba. Las Aletas, ahora Lógica, sigue sin ser una realidad 18 años después de su planteamiento.
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