El PGOU de Ubrique contempla la construcción de 940 viviendas en el Parque Natural Sierra de Grazalema

Ecologistas en Acción advierte al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía de la ilegalidad de urbanizar terrenos incluidos en el Parque Natural

Apartamentos abandonados en API Hotelero Norte, en el Parque Natural Sierra de Grazalema.
Apartamentos abandonados en API Hotelero Norte, en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

Ecologistas en Acción presentó en abril del año pasado un total de 60 alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ubrique, mostrando su oposición a unos crecimientos urbanísticos desmesurados, injustificados e innecesarios que, además, invadían terrenos protegidos del Parque Natural. El Ayuntamiento y la delegación territorial de Desarrollo Sostenible han hecho caso omiso a estas alegaciones, y han seguido la tramitación del PGOU.

El Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado, en sentencia de 13 de noviembre de 2019, que todos los espacios incluidos en la Red Natura 2000 (RN2000) deben quedar preservados de su transformación urbanística y deben ser clasificados como Suelo No Urbanizable (SNU) de especial protección por sus valores naturales, en aplicación de la legislación española y comunitaria. Previamente, se había pronunciado el Tribunal Supremo (TS) en sentencia de 29/01/2014, determinando que la inclusión de unos terrenos “en la Red Natura 2000 comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección (…), y determina que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”.

La totalidad del Parque Natural Sierra de Grazalema está integrado en la RN2000, al estar declarado por la UE como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y debe clasificarse como Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido, en cumplimiento de las sentencias del TS y del TC.

El PGOU propone la recalificación de un total de 125.689 metros cuadrados para nuevos suelos urbanizables, y la construcción de 940 viviendas, lo que supondría un aumento de 2.256 habitantes, todo en un municipio en regresión demográfica. De especial gravedad es la pretensión del Ayuntamiento de Ubrique, con el visto bueno de la Dirección del Parque Natural y de la delegación territorial de Desarrollo Sostenible, de mantener en el PGOU, como suelo urbano no consolidado o urbanizable, amplias zonas del Parque Natural, para el desarrollo del SUS-1 La Rozuela, SUS-2 El Olivar, SUNC El Realejo y API Hotelero Norte. Para colmo, se pretende legalizar una urbanización ilegal en terrenos del Parque Natural, con el agravante de que ni el Ayuntamiento ni la Junta han actuado para evitar esas viviendas ilegales, a pesar de las denuncias interpuestas por Ecologistas en Acción.

El PGOU incluye una zona para uso hotelero junto a la carretera de Benaocaz -API Hotelero Norte-, cuya ejecución lleva años paralizada, siendo visible el esqueleto del edificio a medio construir, provocando un importante impacto paisajístico. Estos terrenos pertenecen al Parque Natural Sierra de Grazalema, pero la Junta modificó en 2015 su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para desprotegerlos y permitir un desarrollo de apartamentos turísticos que se había iniciado de forma ilegal. Ahora se pretende relanzar este proyecto hotelero ilegal, innecesario y fallido, y ampliarlo con una zona colindante para uso industrial, incumpliendo la normativa comunitaria de la RN2000 y la referida jurisprudencia del TS y del TC.

Algunas de estas zonas se habían reclasificado previamente mediante modificaciones del PGOU que han incumplido la obligación legal de someterlos a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), por lo que incurren en radical nulidad. Este es el motivo por el que se han anulado planes urbanísticos como el Plan Parcial de Valdevaqueros en Tarifa, o los PGOU de El Puerto y Chiclana.

Por todo ello, Ecologistas en Acción se ha dirigido a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible y al Ayuntamiento de Ubrique, advirtiéndoles de la ilegalidad de estas propuestas incluidas en el PGOU, solicitando que se desestime la aprobación de este PGOU y se modifique para adaptarlo a la legislación urbanística y ambiental y, en particular, a la jurisprudencia en relación con la protección de la Red Natura 2000. También han advertido de que, en caso de persistir en aprobarse un PGOU que vulnera normativas urbanísticas y medioambientales, se reservan el derecho a recurrirlo ante los tribunales, tal y como hemos hecho exitosamente con planes urbanísticos de otros municipios de la provincia de Cádiz. 

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