En la Sierra de Esparteros, también conocida como la Sierra de Morón, en la provincia de Sevilla, hace tres meses que se paralizó la extracción minera. Una reivindicación muy demandada por entidades ecologistas, ratificada por la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), de julio de 2019, declarada firme en julio de 2023, por la que se anulan las prórrogas de la concesión de explotación minera durante 30 años, hasta 2044.
La Dirección General de Minas, primero, y la delegación territorial de Industria, Energía y Minas en Sevilla, después, decretaron la paralización de la actividad en la cantera, explotada por Sidemosa. También se han suspendido las autorizaciones para el uso de explosivos en esa explotación minera, aunque la empresa deberá “mantener cuantas medidas sean necesarias al objeto de garantizar la seguridad de personas y bienes, mantener un programa de vigilancia y control adecuado al objeto de garantizar las medidas de seguridad adoptadas en la normativa de seguridad minera vigente, tales como vallado perimetral, señalización de advertencia de peligros, etc.; no pudiéndose llevar a cabo labores extractivas".
Sidemosa intentó recurrir esa resolución de paralización, pero con fecha 30 de octubre de 2023, la Consejería de Industria, Energía y Minas inadmitió ese recurso de alzada porque la paralización se produce en ejecución de una sentencia firme que no admite recurso. La sentencia anula también la resolución de 18 de febrero de 2015 del entonces consejero de Economía de la Junta de Andalucía, que desestimó los tres recursos de alzada interpuestos por Ecologistas en Acción-CODA, Ecologistas en Acción-Andalucía y Ecologistas en Acción-Sevilla el 20 de octubre de 2014 y también anula la previa Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable de 22 de octubre de 2013.
El TSJA anula todas esas resoluciones porque todas ignoraron las conclusiones del informe de incompatibilidad urbanística del arquitecto municipal de Morón de la Frontera de abril de 2013. En ese informe quedaba meridianamente claro que las actividades extractivas proyectadas para la prórroga que solicitaba Sidemosa están prohibidas por el PGOU vigente en Morón, porque la Sierra de Esparteros está en su mayor parte en suelo no urbanizable de especial protección y conservación prioritaria.
Ese PGOU fue aprobado en marzo de 2009 por el pleno del Ayuntamiento de Morón, con los informes técnicos y jurídicos favorables del equipo redactor y de los arquitectosy funcionarios municipales, y con el voto favorable de los concejales del PP que entonces gobernaban el municipio, entre los que se encontraba el actual delegado territorial que firma la paralización de la actividad minera. Para el TSJA resulta evidente que ese nivel de protección urbanística es incompatible con la actividad extractiva de una cantera que destruye literalmente el suelo protegido.
Ecologistas en Acción sostiene que, "frente a ese mandato de protección medioambiental, dirigido a los poderes públicos, el actual alcalde de Morón de la Frontera, Juan Manuel Rodríguez, omitió remitir el importantísimo informe de incompatibilidad urbanística a las autoridades ambientales durante el proceso de evaluación de impacto ambiental de 2013, y esas autoridades ambientales —y las mineras— también omitieron valorar ese imprescindible informe de incompatibilidad urbanística, a pesar de que lo conocieron fehacientemente con antelación a todas las resoluciones anuladas".
Los ecologistas consideran que este comportamiento es directamente responsable de la destrucción de la Sierra de Esparteros de Morón desde 2014 hasta septiembre de 2023, "comportamiento omisivo del alcalde y de la Junta de Andalucía, que ya fue advertido por el Defensor del Pueblo Andaluz en su resolución de 24 de febrero de 2015, y que está siendo investigado por el Juzgado de primera instancia e instrucción de Morón".
El TSJA deja entrever en su sentencia lo que Ecologistas en Acción lleva defendiendo desde hace más de 20 años, y es que todas las licencias municipales otorgadas a esta cantera siempre han sido ilegales, especialmente la de 1991, otorgada por el entonces alcalde del PSOE, José Párraga Mendoza, cuya empresa privada de explosivos los ha suministrado a Sidemosa para la destrucción de la Sierra de Morón.
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