El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes de Andalucía (Coima) ha valorado de forma positiva la iniciativa de la Junta para aprobar una nueva Ley de Montes, ya que la anterior, vigente desde 1992, “ha quedado obsoleta” tras más de tres décadas de cambios en el ámbito forestal. La portavoz de la entidad, Ana Warleta, ha insistido en que la normativa “debe adaptarse a la ley estatal”.
Warleta ha asegurado que la futura norma pretende dar un giro respecto a la anterior, que “supuso una restricción”. Según defendió, los montes necesitan “un impulso a su actividad y rentabilidad, con una gestión acorde para que estén mucho más vivos”. A su juicio, esta reforma “ve esa necesidad de generar empleo a partir de los terrenos forestales”.
Objetivos: empleo rural, incentivos y conservación
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, anunció el 21 de agosto en Huelma (Jaén) que el anteproyecto se debatirá en el Parlamento andaluz en septiembre, con el objetivo de que entre en vigor en el primer trimestre de 2026. Entre sus metas están los incentivos a la propiedad privada, la defensa del patrimonio forestal público, la simplificación administrativa y el desarrollo del sector como fuente de empleo y herramienta para frenar la despoblación rural.
Warleta recalcó que en los últimos años se ha producido un “gran abandono de los terrenos forestales, tanto públicos como privados”. Por ello, destacó la urgencia de “impulsar la rentabilidad y riqueza de los montes, especialmente los privados, que representan cerca del 70% del territorio forestal andaluz”.
La portavoz añadió que este nuevo marco legal “sí da un enfoque importante a buscar una economía y una rentabilidad a los montes, con aprovechamientos de todo tipo, ya sea corcho, pastos, setas, leña o biomasa”. Además, subrayó que lejos de poner en riesgo el medio ambiente, “para la conservación de los montes es necesario que haya actividad económica”.
Simplificación de trámites
El anteproyecto contempla subvenciones a las actividades de gestión forestal sostenible, especialmente en zonas de riesgo extremo de incendios o donde se fomente el empleo rural. También recoge bonificaciones fiscales para propietarios de montes y establece contratos por servicios ambientales entre la Junta y gestores privados.
Otro de los pilares de la futura norma es la reducción de cargas administrativas, con el fin de agilizar los procesos de gestión forestal. “El exceso de procedimientos no favorece la ejecución de los trabajos que requieren los montes”, advirtió Warleta. La ley, precisó, debe “eliminar trabas y obstáculos” para evitar el abandono de los terrenos.
Para ello, el texto incluye herramientas digitales como el Sistema de Información Geográfico Forestal de Andalucía, la Red Muestra de montes con gestión ejemplar y un Registro Andaluz de Empresas e Industrias Forestales. Todo, con el objetivo de que los trámites se realicen de forma electrónica y en plazos “lo más breves posibles”.
La portavoz concluyó recordando que Andalucía “es rica en cantidad y calidad de recursos forestales” y que la nueva ley debe incidir en potenciar el empleo rural, prevenir incendios y mantener la conservación del territorio. “La región tiene grandes posibilidades de generar riqueza a través del monte”, afirmó Warleta.