Un grupo de investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada presentará este 10 de marzo en el Rectorado de la Universidad de Sevilla las conclusiones de una investigación científica que cuestiona las autorizaciones de vertidos mineros al estuario del Guadalquivir. El estudio sostiene que los permisos concedidos para descargar residuos desde las minas de Cobre Las Cruces y Los Frailes (renombre que recibe la histórica mina de Aznalcóllar) están mal fundamentados y carecen de base científica. Y se informará de que se presentará una denuncia ante la Fiscalía por la autorización otorgada por la Junta ante esos vertidos.
La rueda de prensa contará con la presencia de alcaldes y representantes de municipios ribereños como Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, Los Palacios y Lebrija, además de organizaciones sociales, pesqueras y ecologistas. Según los investigadores, los vertidos autorizados ya han contaminado y podrían contaminar gravemente el estuario y su desembocadura, algo que —afirman— contradice lo defendido por las empresas mineras y la Junta de Andalucía. Las conclusiones forman parte de un trabajo publicado en una revista científica internacional especializada en masas de agua.
Durante el acto, varias de las entidades presentes anunciarán acciones judiciales ante la Fiscalía para esclarecer las responsabilidades por la presencia de metales y metaloides potencialmente tóxicos en los sedimentos del estuario, así como por recientes episodios de contaminación severa en el sistema Agrio-Guadiamar-Guadalquivir vinculados al drenaje ácido de mina procedente de las escombreras de Aznalcóllar. Entre los colectivos que respaldan la iniciativa figuran Fecopesca, la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, FACUA Andalucía, COAG Andalucía, Greenpeace, Ecologistas en Acción, la asociación ciudadana Salvemos el Guadalquivir, además de organizaciones de mariscadores, comerciantes y entidades vinculadas a la defensa de la sanidad pública y del agua.
Un estuario vulnerable a la contaminación
El anuncio se apoya en un estudio científico firmado por Jesús M. Castillo, Sara Sirviente, Miguel Bruno, Remedios Cabrera-Castro, Jairo Sánchez-Rodríguez, Carlos Granado, Blanca Gallego-Tévar, Juan Miguel Miró y Manuel Díez-Minguito, que analiza los riesgos ecológicos de los vertidos mineros en estuarios, tomando como caso principal el Guadalquivir. El trabajo concluye que este estuario es especialmente vulnerable a la contaminación por metales. Según los autores, muchos contaminantes no permanecen en el agua sino que se adhieren a partículas en suspensión y terminan acumulándose en los sedimentos del fondo, donde pueden persistir durante largos periodos.
La investigación recuerda además el precedente del desastre minero de Aznalcóllar en 1998, que liberó residuos ácidos con altas concentraciones de metales, y advierte de que los vertidos de Las Cruces desde 2009 ya han contribuido a la contaminación del estuario interior. Los científicos alertan de posibles impactos sobre hábitats protegidos, fauna, pesca y salud humana, ya que los metales pueden acumularse en organismos y entrar en la cadena alimentaria. Por ello, recomiendan aplicar el principio de precaución y establecer una moratoria a nuevos vertidos mineros hasta contar con estudios independientes más completos.