El Gobierno andaluz ha encontrado un nuevo adversario en su plan de regularizar 1.460 hectáreas de regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñaña. Esta vez ha sido la comunidad científica la que ha mostrado su oposición a la iniciativa parlamentaria propuesta por los grupos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox y respaldada por el Gobierno de la Junta de Andalucía que componen los dos primeros partidos.
Un total de 1.109 científicos pertenecientes a 25 organizaciones han firmado una carta en la que se advierte de los peligros que pueden suponer para Doñana la aprobación de dicha ley. A lo largo del escrito se hace un repaso de la importancia del Parque Natural y de su ecosistema.
"La evolución de los diferentes parámetros hidrogeológicos, hidrológicos y biológicos de Doñana, resultado de los múltiples estudios llevados a cabo en las últimas décadas, no dejan margen de duda. Debe replantearse el modelo de planificación y gestión territorial, remediarse las presiones y amenazas que se ciernen sobre el espacio natural y anticiparse las medidas que mitiguen los 2 efectos del cambio global", señala la misiva.
En la carta, los científicos muestran su preocupación por determinados parámetros como la falta de lluvias y las escasez de agua por las extracciones, "la explotación de las aguas subterráneas en el entorno de Doñana está ocasionando descensos prolongados del nivel freático". Otra de las cuestiones que apuntan los científicos es en referencia a las obras hidráulicas que ha solicitado la Junta, "el trasvase de aguas desde un origen más lejano, además de generar expectativas inalcanzables y un efecto llamada, no va a evitar afecciones importantes en el entorno del parque nacional".
Los firmantes lamentan que el Parlamento haya seguido adelante con esta Proposición de Ley a pesar de la oposición de diferentes organismos como las asociaciones ecologistas, el Gobierno de España, la Confederación Hidrográfica deldel Guadalquivir, buena parte de los agricultores afectado o la propia Comisión Europea que advirtió de que España se arriesgaba a no recibir fondos europeos. Los últimos en sumarse al rechazo han sido 25 supermercados europeos por el riesgo que supondría para la calidad de los frutos rojos y las fresas.
La conclusión a la que llegan estas organizaciones científicas tras los estudios analizados son que "el grado de deterioro global de Doñana es alarmante y los niveles de explotación de los recursos hídricos son insostenibles" y que, en caso de aprobarse, "el incremento de la superficie de regadío en el entorno de Doñana, y la legalización de explotaciones agrarias que están fuera de la ley y de los marcos de planificación, resulta una amenaza que desoye las voces de alarma que la comunidad científica". Además, en la carta exigen "la estricta aplicación de la legislación para frenar el deterioro al que se encuentra sometido el parque Nacional de Doñana" y de esta forma proteger a las generaciones futuras.
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