España en su conjunto tiene un problema por la ley promovida por Partido Popular, Ciudadanos y Vox en el Parlamento de Andalucía, apoyada, obviamente, por el Gobierno de la Junta de Andalucía que componen PP y Cs, aunque Juan Manuel Moreno, el presidente, lo niegue y se escude en la Cámara legislativa.
Como viene ocurriendo en el último mes, la Unión Europea - en concreto la Comisión Europea - ha mostrado su preocupación en una carta remitida a Unidas Podemos tras solicitar amparo a la institución para frenar esta Proposición de Ley que ya ha pasado su primer trámite parlamentario. La advertencia no ha sido de un cualquiera, sino de Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, en una misiva "en nombre de la Comisión Europea".
El escrito al que ha tenido acceso lavozdelsur.es no deja lugar a dudas y no se centra únicamente en las administraciones e instituciones andaluzas, sino que hace un llamamiento a las instituciones españolas. En la carta se recuerda que existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que "exige que España adopte medidas eficaces para detener el deterioro de los tipos de hábitats protegidos situados en los lugares Natura 2000 pertinentes y restablecer su estado".
En este sentido, el comisario de Medio Ambiente recuerda que España "debe utilizar correctamente los instrumentos previstos en la Directiva marco sobre el agua para la gestión sostenible de los recursos hídricos" y advierte que la Comisión Europea está comprobando si las autoridades españolas están haciendo todo lo posible para cumplir estas normas.
Además, Sinkevicius señala que la Comisión "está profundamente preocupada por las posibles repercusiones que la legislación propuesta podría tener" si finalmente se aprueba en el Parlamento. Algo que, teniendo en cuenta que hay muchas opciones de que se complete la legislatura, no es descartable.
Por ello mismo, la Comisión ha pedido "aclaraciones de las autoridades españolas" y manifiesta está dispuesta a "utilizar todos los medios a su disposición como guardiana de los Tratados para garantizar la ejecución de la sentencia".
En las últimas semanas, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya advirtió de que si prospera esta ley, España se podría quedar sin acceso a los fondos europeos. Un hecho que miembros de las instituciones europeas le confirmaron a Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, que esto es una opción real.
El Gobierno de España también ha deslizado la posibilidad de trasladar las sanciones y multas a Andalucía para que sea la Junta de Andalucía la que se haga cargo de los costes que puede tener la aprobación de la Proposición de Ley que pretende legalizar 1.460 hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana. Otras instituciones, como la Unesco o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también han mostrado su preocupación.
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