La Ley para regularizar regadíos en la corona Norte del parque nacional de Doñana está congelada desde que la Junta de Andalucía decidió que era momento de buscar otras alternativas con el Gobierno central.
El trato era retirar la ley a cambio de 350 millones para Huelva. La Ley estaba a punto de ver su aprobación definitiva, pero llegaron a un acuerdo para el que, ahora, el Gobierno ha marcado una línea roja. Entre las opciones, se contemplaba que se expropiaran o compraran terrenos que cogía agua de estos regadíos.
La vicepresidenta tercera en funciones y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado que este acuerdo, alcanzado con el apoyo del PP y Vox, pase por "una recalificación de suelo, ni por una garantía de derechos de agua, ni por pagar a precio de regadío lo que ha sido siempre de secano ni por comprar terrenos que no aportan nada al buen estado de Doñana".
Así lo ha sostenido en una entrevista con El País, en la que ha afirmado que el Gobierno "no comprará ni un metro cuadrado de regadíos irregulares en Doñana". Sus declaraciones salen a dos días de la celebración de la primera reunión del grupo de trabajo conformado por representantes de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para buscar una solución consensuada al problema de los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del Plan de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana.
"El plan de desarrollo territorial y social de esa zona no pasa por comprar suelo, no pasa por firmar cheques", apunta la ministra de Transición Ecológica, que insiste en que "pasa por invertir en oportunidades de desarrollo diferentes". En este sentido, puntualiza que el programa de compras anunciado en noviembre de 2022 "va dirigido a aquella superficie con derechos de riego reconocidos para liberar esas concesiones de agua y así garantizar que Doñana vuelva a ser un humedal".
"Si hay parcelas que no cuentan con derechos de agua, no tiene ningún sentido comprarlas", sentencia, concluyendo su argumentación con que "tendría enormes dificultades para justificar jurídica y técnicamente dedicarse a comprar suelo en esa zona y no en cualquier otro territorio español. No lo podemos hacer".
La reunión del próximo 9 de octubre se producirá casi una semana después de que el martes se celebrara en el Palacio de San Telmo un encuentro entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Fue entonces cuando anunciaron que iban a iniciar un proceso de diálogo sobre esta cuestión.
El inicio de este periodo de diálogo implica aplazar un mes el debate de la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox que modifica el Plan de Ordenación y que pretende regularizar zonas de regadío en la comarca del Condado de Huelva, que, según advirtió el presidente de la Junta, se retomará en el Parlamento de Andalucía si al cabo de ese tiempo no ha habido un acuerdo entre los gobiernos y los afectados.
Sánchez celebra la decisión del gobierno andaluz
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha celebrado este sábado que la Junta de Andalucía haya entrado "en razón" y "rebobinado" en su proyecto de ley de regadíos para el entorno de Doñana, lo cual "no deja de ser una buena noticia", si bien ha apostillado que "la revolución verde" en la comunidad autónoma "solamente vendrá con un presidente rojo al frente" del Ejecutivo andaluz, en referencia al líder del PSOE-A, Juan Espadas.
Ha sido en un acto público en el que, junto a Sánchez y Espadas, y ante un aforo de unas 1.500 personas en Granada
El acuerdo "no debe ser a costa de los agricultores"
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado que el acuerdo con el Ministerio de Transición Ecológica para encontrar soluciones para el parque nacional de Doñana debe "proteger" a los agricultores de la Corona Norte.
Ha asegurado que el acuerdo "no puede ser a costa de los agricultores que están en la Corona Norte, que no están en el parque", ya que es el motivo de la Proposición de Ley (PDL) de la Junta para regularizar estos regadíos.
"Creo que, cuando dos instituciones tienen voluntad de acordar y se hace con orden y con rigor, siempre se puede alcanzar un acuerdo", confía Moreno.
"Si no llegamos a un acuerdo será porque evidentemente se ha dejado el objetivo fundamental que tenía también esta ley, que es proteger Doñana, prohibir extraer agua del subsuelo y, al mismo tiempo, proteger a esos agricultores que están fuera del parque", ha añadido.
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