La próxima semana iba a ser clave en el futuro del Parque Nacional de Doñana y lo cierto es que lo va a ser, aunque en un rumbo diferente al que estaba previsto inicialmente. Tras 21 meses de tramitación en el Parlamento de Andalucía, la proposición de ley para la reordenación del territorio en la Corona Norte de Doñana iba a tener su debate definitivo en el Parlamento y su previsible aprobación.
Antes ya se había amagado varias veces con sacarla adelante. La primera de ellas hace un año y medio. Tan solo la convocatoria de elecciones anticipadas evitó que viera la luz. Con la legislatura nueva comenzada, el Partido Popular anunció una parálisis en la tramitación para llegar a un consenso. Sin embargo, la presión de Vox de cara a las municipales aceleró la situación y finalmente el Partido Popular volvió a presentar un texto prácticamente idéntico.
Durante todos estos meses ha habido numerosas comparecencias y, sobre todo, mucha polémica. La ley apenas ha contado con las opiniones de los científicos pese a que la situación del Parque Nacional y su acuífero especialmente agoniza. En las municipales se llegó a especular con que la norma había sido clave para el vuelco histórico que había sufrido la provincia. No obstante, en los municipios afectados no ha habido excesivas variaciones. Sí un trasvase gracias a la desaparición de Ciudadanos en muchos de ellos.
La idea inicial del Partido Popular era haber aprobado la ley en el pleno celebrado a finales de septiembre. Dicho pleno coincidía con la investidura de Alberto Núñez Feijóo y para evitar las acusaciones de encubrir la aprobación de una polémica ley, el grupo popular optó por retrasarla dos semanas.
Parecía que todo estaba encaminado para que este miércoles 11 la ley se hiciera realidad de forma definitiva. Pero el Gobierno de España decidió dar un golpe de timón. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, viajó a Sevilla para reunirse con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En San Telmo logró paralizar la aprobación definitiva a cambio de un paquete económico considerable.
Se establecieron plazos. Una semana para recabar opiniones. Un mes para que haya una propuesta firme. En caso de que no sea así, la Junta de Andalucía volverá a activar esta norma. Una propuesta que, según el Ejecutivo de Moreno, es el plan de Andalucía para encontrar un equilibrio entre la economía y el ecosistema natural.
Pese a estos anuncios, el futuro del parque sigue siendo una incógnita. Entre otras cosas porque aún no hay nada concreto sobre la mesa. La situación afecta a cinco municipios: Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Desde lavozdelsur.es hemos contactado con alcaldes afectados, ecologistas y agricultores para conocer cuál puede ser el futuro de Doñana después de esta primera reunión y la no aprobación de la ley de regadíos.
La parte más interesada en que se aprobara la ley que legalizaba cientos de hectáreas de regadíos era, precisamente, la de los propietarios de esas hectáreas. Unas hectáreas que, por otro lado, no son contiguas y que afectan a muchas familias, aunque la cantidad no está del todo clara ni definida. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva celebra que se abra el debate, pero se muestra "escéptica" a que haya una solución que les contente.
Lo cierto es que expertos consultados por este periódico afirman que el Parque de por sí ya se encamina hacia un cambio a peor. "Se simplifican sus ecosistemas y se pierden sus valores", señalan los datos de la Estación Biológica de Doñana. A esto se le suma que el estado del acuífero está en el peor momento de su historia por la sobreexplotación, hasta el punto de que existe riesgo de que desaparezcan las aves acuáticas.
La explotación de recursos hídricos sin licencia ha provocado ya cierre de fincas y pozos e, incluso, sentencias de tribunales señalando la ilegalidad de la acción por delitos contra el medioambiente. "La solución en el terreno es aplicar las leyes o ignorarlas y cambiarlas para dar cobertura a la situación de ilegalidad", comenta un experto que conoce bien el terreno.
Juanjo Carmona, portavoz de WWF, reconoce que la situación, pese al anuncio inicial, no le suena bien. "Las palabras del presidente suenan a que se llega a un acuerdo o aprueba una ley que satisfaga a regantes ilegales. Está diciendo que el que comete la ilegalidad tiene que verse satisfecho".
Una de las posibilidades que puede estar sobre la mesa es la expropiación de la finca o, al menos, una compensación económica. "¿Qué pasa con el resto de agricultores legales que hay en la comarca, no merecen más respeto que los que han estado robando ilegalmente? Hay que premiar al que ha estado en secano, no beneficiar al delincuente", afirma.
La visión de los regantes es muy distinta. "Vamos a ver si realmente el diálogo se concreta en algo, pero de momento la reunión con el secretario de Estado fue decepcionante y somos muy escépticos a que se ponga en un mes encima de la mesa una solución viable, más allá de que la Proposición de Ley homogeneizaría la casuística compleja. Pero claro, para eso tienen que tener la humildad de retirar la intención de llevarlo inmediatamente, como dicen, al Tribunal Constitucional".
Desplazarse hoy por Doñana es desolador. No hay agua. No hay vida. Pero a veces nos encontramos con sorpresas que nos hacen asombrarnos aún más de la capacidad de resistencia que tiene la naturaleza...
— Estación Biológica de Doñana - CSIC (@ebdonana) October 3, 2023
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Los alcaldes celebran el diálogo y piden participar directamente
Juan Antonio García es el alcalde de Bonares, único municipio de los afectados donde gobierna el PSOE. Tras mostrar su satisfacción a lavozdelsur.es por la apertura del diálogo, pide "una solución viable que no sea solamente de cara a la galería y que únicamente sirva para contentar a los agricultores, aunque luego se quedase en nada", apunta. Para él, la norma era una muerte para Doñana y el final tenía que ser pactado entre las administraciones.
García añade que la ley no tenía sentido, sobre todo si iba a ser recurrida de forma inmediata. "Necesitamos un acuerdo para que los agricultores perjudicados sean resarcidos de la mejor manera posible y a la vez protejamos a la joya de la Corona", comenta. Para él, "se estaba causando un daño muy grande a la imagen de Huelva". Ahora espera que el acuerdo satisfaga a los agricultores "porque habrá compensaciones", aunque también expresa su deseo de que el plan económico sirva para impulsar otros sectores productivos en la comarca.
En Almonte gobierna Ilusiona, una formación local. Su anterior alcaldesa, Rocío del Mar Castellano, fue la única de las afectadas que mostró en el Parlamento su rechazo a la norma al considerar que iba en contra de los agricultores legales de su municipio. El actual alcalde es Francisco Bella y en palabras a lavozdelsur.es muestra su satisfacción por el hecho de que Doñana sea un lugar de acuerdo y no de discordia.
"Para asegurarnos la conservación de Doñana necesitamos que el ecosistema social esté tranquilo y equilibrado", dice Bella en palabras a este medio. El alcalde aprovecha el momento para reivindicar la participación de actores locales. "Tiene que participar la gente que está en el lugar". Entre ellos, incluye a su propio Consistorio, "el Ayuntamiento de Almonte tiene que tener un papel fundamental", afirma.
Para él, los recursos que se han puesto encima de la mesa tienen que aplicarse "de la mejor manera para que la satisfacción y el bienestar caiga en la gente de la zona y no vaya para otros lugares". Al mismo tiempo, denuncia interferencias foráneas. "Se ponen lupas al territorio desde lejos, pero realmente no resuelven los problemas locales".
¿El futuro es I+D+i?
La visión de los ecologistas es muy diferente. Por ello marcan el plan de la fresa de 2014 como marco legal de actuación. "¿Por qué hay que darles privilegios a los que no cumplen la ley?", pregunta Carmona. "Si das carta de naturaleza van a venir muchos más detrás", dice el portavoz de WWF. Al mismo tiempo, incide en que 5.000 litros de agua no valen para lo mismo con 20 grados en noviembre que con los 30 actuales.
Hay algunos estudios que apuntan a que algunas zonas del acuífero podría estar salinizándose. Un problema que sería prácticamente una sentencia de muerte y muy caro de solucionar. "Tenemos que plantearnos recuperar parte del equilibrio en la marisma dulce", explica Carmona, quien también menciona la falta de conejos o la subida del nivel del mar como otros problemas a los que hay que enfrentarse.
Para el dirigente ecologista, la expropiación de la que se habla no tiene sentido en muchos casos porque gran parte de las tierras son públicas y alquiladas por los ayuntamientos y el derecho de agua no se puede comprar porque esos agricultores no lo tienen. "Se pagaría por cesar en una acción ilegal".
En esta línea solicita que el dinero que se invierta vaya a alternativas de desarrollo de I+D+i porque la zona de Huelva ha quedado reducida a los servicios de segunda residencia, las fiestas y el sector primario. "No tenemos nada más, no hay alternativa para el que no quiera trabajar en esto". A pesar de que la provincia ronda los 30.000 parados, los que trabajan en la época de la fresa apenas son 3.000, algo que obliga a traer a 15.000 personas de Marruecos. Ampliar el regadío apenas solucionaría el problema del empleo local.
"La alternativa no puede ser el chantaje de o me das lo que quiero o sigo con la acción ilegal. Nosotros apostamos por el secano y que haya un plan en Doñana porque necesitamos corredores ecológicos y zonas de paso". Precisamente, una de las soluciones por la que aboga su organización es por establecer programas que apoyen este tipo de tierras que favorezcan la biodiversidad del ecosistema. "Lo importante es que se callen los políticos y trabajen los técnicos".
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