La demolición de El Algarrobico puede costar más de 7 millones a los andaluces

La promotora del complejo en Carboneras, dispuesta a colaborar con la Junta, aunque deja ver que la indemnización por el derribo "se negoció y se cerró"

"Si puede ser mañana, mañana demolemos el Algarrobico"
"Si puede ser mañana, mañana demolemos el Algarrobico"

La promotora Azata ha trasladado su "disposición" para "cumplir el marco legal" y "resolver" el conflicto en torno al hotel construido en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), al tiempo que ha mostrado abierta a "colaborar" con la administración. Tras el anuncio del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que en el Debate sobre el Estado de la Comunidad anunció una partida en el Presupuesto autonómico de 2021 para iniciar la demolición de este símbolo del urbanismo salvaje, la medida llegará al fin, pero no será ni rápida, ni mucho menos barata para los andaluces.

"Estamos dispuestos a colaborar con la administración y abiertos a lo que nos quieran plantear que esté dentro del marco legal para resolver el problema", ha indicado el presidente de la empresa, José Rodríguez, no sin antes remarcar que lo que ha anulado en firme el Tribunal Supremo (TS) "no fue nuestra actuación, sino la actuación de la administración pública". En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha declinado valorar el anuncio del líder del Gobierno andaluz, pero ha recordado que la promotora obtuvo en 2003 una licencia de obras "que es legal conforme a la normativa autonómica y municipal vigente y aprobada dos años antes de que compraremos los terrenos y que luego fue anulada por el Supremo".

"Cumplimos la normativa en todo momento, la que estaba vigente, y la que, efectivamente, fue anulada posteriormente, pero, lo recalco, esa norma urbanística estaba aprobada dos años antes de que comprásemos los terrenos y nosotros obtuvimos una licencia completamente legal en base a esta", ha afirmado en la misma línea en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) concluyó en sentencia firme en 2014. En esta línea, Rodríguez ha apuntado que lo que "ha traído a la situación actual" en torno al hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones ha sido el hecho de que "tres administraciones aprobasen una norma urbanística, la publicasen, las empresas cumpliésemos al construir y luego, se anulase esa norma".

"Eso es lo que nos ha traído hasta aquí y es bueno recordar que había un Plan Parcial para el sector ST-1 aprobado por todas las administraciones, en base al que se nos dio la licencia, y que lo que después ha resultado anulado no fue nuestra actuación sino que fue la actuación de la administración pública", ha insistido en alusión al fallo de 2016 del Alto Tribunal que declaró que El Algarrobico y El Canillar, donde también estaba previsto desarrollo residencial, son áreas ambientalmente protegidas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar y no son urbanizables.

El presidente de la empresa promotora del hotel ha trasladado que cualquier administración "puede anular la licencia y puede derribar el edificio" y al ser interpelado sobre una posible responsabilidad patrimonial por la que debería articularse indemnización por daños y perjuicios, ha respondido con un escueto "está en el trámite". Ha señalado, en este punto, que Azata "ya negoció" en 2006 con el entonces Ministerio de Medio Ambiente "la indemnización del hotel". "Se negoció y estuvo cerrado", ha concluido.

Al margen de lo que hubiera que destinar a indemnizar a la promotora, que está por ver, sí hay informes desde 2012 que cifran en unos 7 millones de euros el coste de la demolición y la restitución del paraje natural donde se alza este proyecto fallido en la costa andaluza. En octubre de aquel año, el entonces ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, anunció que derribar el hotel de la promotora Azata en el paraje de El Algarrobico costaría 7.175.000 euros.

El Ministerio y la Junta de Andalucía acordaron a principios de julio de ese año encargar a Tragsa un estudio técnico sobre el coste y las características técnicas de la demolición de la construcción, así como del tratamiento de los residuos y la posterior regeneración de la zona. El ministro incidió en que si los tribunales establecen definitivamente la ilegalidad de la construcción, que la licencia le fue concedida ilegalmente y que procede la demolición, el Gobierno y la Junta procederán conjuntamente en la demolición. Hasta ahora.

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