Todo apunta a que la sequía va a ser una nueva batalla entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, al igual que lo ha sido Doñana u otras tantas cuestiones donde el problema pasa a un segundo plano y el debate se llena de declaraciones de unos culpando a los otros y viceversa. De momento ya hay un primer capítulo en este aspecto en relación a las desaladoras.
Tras reunirse con el Comité de Expertos sobre la Sequía, Juanma Moreno reclamó colaboración entre administraciones al mismo tiempo que anunciaba un nuevo decreto de sequía. Una de las soluciones en las que la Junta de Andalucía ha puesto esperanzas para frenar los problemas que trae la sequía han sido las desaladoras para convertir el agua marina en agua potable.
Este mismo martes, Diario de Sevilla publicaba que el Ministerio para la Transición Ecológica no había recibido la petición del Gobierno andaluz para los proyectos de desaladoras en Almería y Málaga a pesar de que el Gobierno de España dispone de 200 millones para ello. Cataluña, por su parte, sí ha presentado sus propuestas.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ya explicó hace una semana que "en Cataluña y Andalucía les hemos dicho que nosotros nos hacemos cargo del anticipo de financiación y la licitación y ejecución de las obras".
Sin embargo, en el Gobierno andaluz han sentado mal los reproches del departamento que dirige Teresa Ribera. Y el descontento lo ha mostrado Ramón Fernández-Pacheco, portavoz de la Junta de Andalucía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se celebra cada martes en San Telmo.
Fernández-Pacheco ha asegurado que la Junta no va a pedir esos 200 millones de euros porque "las desaladoras las tiene que hacer el Gobierno" al ser "una competencia exclusiva de la Administración Central del Estado". El portavoz ha insistido en que "la pelota está en su tejado". "Andalucía ni los ha pedido ni los va a pedir".
Desde la Junta de Andalucía creen que la actitud del Gobierno tiene un punto de mala intención. Fernández-Pacheco, además, ha preguntado por qué existe interés "en confundir a los ciudadanos sobre las competencias de unos y otros" y ha acusado al Ejecutivo de desinformar.
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