La decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, respaldada por el Ministerio para la Transición Ecológica y la Junta de Andalucía, de otorgar de nuevo permisos de riego a la finca Aljóbar —propiedad de la Casa de Alba— ha desatado reacciones políticas. El partido Andalucía Por Sí acusa a las administraciones de “traicionar al pueblo andaluz” al favorecer intereses aristocráticos mientras miles de ciudadanos sufren restricciones de agua.
El malestar nace de que estos permisos se reactivan después de que la Guardia Civil y la Fiscalía denunciaran un presunto robo de entre 3,8 y 6,6 millones de metros cúbicos de agua del acuífero que rodea Doñana. Para Andalucía Por Sí, se trata de una “decisión inaceptable” que supone un ataque directo a la justicia social y ambiental.
El comunicado de la formación enumera los motivos de su rechazo. En primer lugar, advierten de un “precedente peligroso”: permitir regar a quienes habrían protagonizado un expolio ambiental “flagrante” consolida la impunidad de los poderosos. En segundo lugar, denuncian la injusticia social, ya que mientras muchas poblaciones andaluzas sufren sequías, cortes o tarifas abusivas, se beneficia a un latifundio cuyo impacto ha sido devastador: descenso del acuífero, salinización del suelo y pérdida de biodiversidad.
Además, critican que conceder permisos con procesos judiciales aún abiertos “burla la responsabilidad” de la administración, que debería defender el interés general y proteger un recurso común esencial. El caso, señalan, refleja la persistencia de un sistema de castas en Andalucía, donde todavía se tolera que señoríos económicos con privilegios históricos marquen las reglas del juego político y económico.
Una gestión transparente
Ante ello, Andalucía Por Sí exige que se paralicen los permisos hasta que se aclaren las responsabilidades, se auditen los consumos reales de agua en las grandes fincas, se transparente la gestión hídrica, y se refuerce la protección de acuíferos y ecosistemas. También piden revisar el marco normativo para que los grandes latifundios no puedan esquivar sanciones y, sobre todo, apuestan por una política agraria justa que priorice al pueblo andaluz por encima de los privilegios de la nobleza.
“Andalucía no puede seguir legitimando injusticias ancestrales”, advierte la nota. “Exigimos dignidad, justicia y soberanía. El agua debe gestionarse bajo criterios de sostenibilidad, no al servicio de privilegios inmerecidos”.