Un grupo de activistas de la Fundación Igualdad Animal se concentró este jueves frente al Congreso de los Diputados para exigir a los partidos políticos que apoyen la proposición no de ley presentada para prohibir la alimentación forzada de patos y ocas en la producción de foie gras.
La iniciativa, registrada por el Grupo Parlamentario de Sumar el pasado mes de marzo, será debatida y votada en la Comisión de Agricultura en las próximas semanas. De prosperar, abriría la puerta a un cambio normativo en un sector que continúa generando un intenso debate social y político.
El texto plantea que el Gobierno inicie una consulta pública sobre la compatibilidad de la alimentación forzada con los informes científicos disponibles, la legislación vigente y la sensibilidad ciudadana. El objetivo final es prohibir esta práctica, que organizaciones de defensa animal califican de cruel e innecesaria.
La proposición también pide a la Unión Europea revisar las normas de comercialización del foie gras, que obligan a que los hígados de los animales alcancen pesos mínimos, algo que, según los colectivos animalistas, perpetúa el sufrimiento de patos y ocas en granjas especializadas.
"Esta alimentación provoca graves daños y un sufrimiento extremo. La ciencia y los organismos públicos coinciden en que no debe permitirse. España tiene la oportunidad de situarse en la vanguardia del bienestar animal y responder a una demanda ética, legal y social ampliamente compartida", defendió Anna Mulá, responsable de incidencia legislativa de Igualdad Animal.
La fundación recuerda que, cada año, alrededor de un millón de patos y ocas en España son sometidos a este procedimiento, que consiste en introducir tubos para forzar la ingesta de hasta dos kilos de pasta de maíz diarios durante sus últimas semanas de vida. Esto provoca que sus hígados aumenten hasta diez veces su tamaño normal, con graves consecuencias para su salud.
Seres capaces de sentir
Igualdad Animal subraya que la alimentación forzada ha sido calificada como "una de las prácticas más crueles" de la industria alimentaria. Sus investigaciones han documentado repetidamente las condiciones en que se crían los animales, así como las lesiones y sufrimientos derivados de esta técnica.
Los activistas recuerdan además que el Tribunal Supremo ya ha reconocido la sintiencia de patos y ocas en una sentencia relativa a una explotación ganadera, un precedente legal que refuerza la visión de los animales como seres capaces de sentir y no meros bienes de producción. También citan legislación europea y española que establece la obligación de evitar sufrimiento o daños innecesarios a los animales de granja.
España es uno de los cinco países de la Unión Europea —junto a Francia, Hungría, Bulgaria y parte de Bélgica— que aún permiten la alimentación forzada. En el resto de estados miembros ya se ha abandonado. El año pasado, Igualdad Animal entregó más de 100.000 firmas en el Congreso para reclamar el fin de esta práctica, convencida de que la mayoría de la sociedad española respalda su prohibición.
