Chaves y Griñán, en una imagen de archivo.
Chaves y Griñán, en una imagen de archivo.

Además de a los dos expresidentes del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también se juzgarán a otros 20 antiguos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de emple​o supuestamente ilegales.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de este miércoles a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. De este modo, la vista oral comenzará este miércoles con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, que se prolongarán también los días 14 y 15 en horario de mañana, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.

Fuentes consultadas por Europa Press, han explicado que, cuando se planificó el juicio, se adoptó un “compromiso” para que las dos magistradas -Pilar Llorente y Encarnación Gómez- estuvieran "liberadas" para estudiar con “exclusividad” esta causa un mes o mes y medio antes del inicio del juicio, lo que finalmente no se producirá hasta un día antes de la vista oral y conllevará “retrasos” en su desarrollo. Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza ‘política’ de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses y algunas fuentes apuntan a que podría llegar al año de duración.

22 sillas para 22 acusados

El juicio se celebrará en una sala de vistas ubicada en la cuarta planta del edificio de la Audiencia Provincial, que, dado el elevado de número de partes personadas en este procedimiento, ha sido sometida a una serie de obras para ampliar su capacidad. En este sentido, el tradicional banquillo de los acusados ha sido sustituido por unas sillas, de forma que se han instalado un total de 22 de estas sillas, una para cada uno de los ex altos cargos que serán enjuiciados. En el estrado, y además del tribunal, se sentarán los 21 abogados de los 22 acusados, los dos fiscales delegados de Anticorrupción y los letrados que ejercen la acusación popular en nombre del PP-A y del sindicato Manos Limpias.

Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. El juicio también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.

La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados. Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.

Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para el Griñán, Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que, para otros 12 ex altos cargos, eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación. En este último grupo se encuentran José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.

La Junta no ve que haya "trama criminal"

La Fiscalía pide que estos 15 acusados a los que se atribuye el delito de malversación respondan solidariamente de la “devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E”, y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.

Así, cifra la cantidad que deben devolver estos 15 acusados por malversación en más de 741 millones en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones de euros, por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010. De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta en el caso ERE ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay “trama criminal” ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE. Por su parte, el PP-A ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.

En el auto de procesamiento dictado el 31 de mayo de 2016, el juez Álvaro Martín manifestaba que, “entre los años 2000 y 2011, se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse procedimiento específico”.

Según el magistrado, su objeto era “eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros”.

"Que paguen, sean quienes sean"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho hoy que espera que el juicio de la pieza política de los ERE "esclarezca toda la trama", qué "red de complicidad" hubo y hasta dónde llegó, y que los responsables "sean quienes sean, paguen". Moreno, que ha asistido hoy a la entrega de los Premios Ruta Social del PP de Sevilla, ha señalado a los periodistas que confía en que a partir de mañana se conozca "la verdad de lo que pasó" por parte de los veintidós altos cargos imputados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

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