El Sindicato de Enfermería, Satse, ha condenado una nueva agresión física a profesionales sanitarios, en esta ocasión a una enfermera durante la guardia de este sábado 25 en el centro de salud de Alcalá del Río (Sevilla), hecho que ha denunciado ante la Guardia Civil y que supone una reincidencia por parte de la presunta agresora, quien en septiembre del pasado año ya agredió a la misma mujer.
Así lo informa en un comunicado el sindicato, que censura que en aquella ocasión fue condenada a una pena económica "irrisoria". Según relata, los hechos ocurrieron en el propio centro de salud, cuando el familiar del paciente que es atendido increpa al equipo de guardia, forcejeando y empujando a la enfermera que le atiende, que acaba sufriendo una contusión en la muñeca y una contractura cervical, así como un ataque de ansiedad.
Satse explica que los profesionales sanitarios de este centro en particular se encuentran indefensos, "más aún cuando de nuevo se repite una agresión física en el mismo centro de salud, al mismo equipo de sanitarios" y cuya atacante es "la misma persona que ya fue condenada el pasado año por unos hechos similares". Una condena, no obstante, "tan leve que ha dado lugar a esta nueva agresión", añade.
Por todo ello, el Sindicato de Enfermería reclama que se endurezcan las penas a agresiones a sanitarios y se les proteja ante estas situaciones intolerables, pues no se puede increpar, insultar y mucho menos agredir a profesionales que cumplen con su trabajo. "Es tal la humillación e indignación que generan situaciones como estas que provocan que muchos profesionales tengan dificultades para volver a realizar su trabajo con confianza y normalidad, por el estrés o por el daño psicológico generado tras esta experiencia traumática", apunta.
Satse lamenta que después de la puesta en marcha de distintas campañas contra las agresiones al personal sanitario, lamentablemente para los profesionales, estos hechos se repiten, y recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial puede ser delito de atentado, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos.
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