La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un escrito de acusación en el que describe una presunta trama de espionaje que habría operado durante casi una década mediante el acceso ilegal a bases de datos policiales. Según el documento, esta actividad se enmarca en la denominada Operación Luna, conocida popularmente como el caso vinculado al programa televisivo Sálvame, ya desaparecido.
El relato de la Fiscalía apunta a una colaboración continuada entre funcionarios de la Policía Nacional y el paparazzi Gustavo González. De acuerdo con la acusación, los agentes habrían accedido de forma ilícita a información reservada para facilitarla al colaborador televisivo, quien presuntamente la utilizaba para difundir contenidos en el programa, obteniendo beneficios derivados de su explotación mediática.
La acusación se centra principalmente en tres personas. Entre ellas figura Ángel J. Fernández, a quien se atribuye el acceso injustificado a datos confidenciales entre 2009 y 2018 aprovechando su condición de agente. Junto a él, se señala a Gustavo González como receptor y difusor de la información, y a Iván Caveda, también agente, por su presunta colaboración puntual mediante consultas a bases de datos oficiales.
Aunque el escrito menciona a diversas personas relacionadas con el programa o la productora La Fábrica de la Tele, el Ministerio Fiscal no formula acusación contra ellas. Sí contempla, sin embargo, la posible responsabilidad subsidiaria de la empresa. Entre los nombres que aparecen en la investigación sin petición de pena de prisión se encuentran figuras como Diego Arrabal, David Valldeperas y la fallecida Mila Ximénez.
Los espiados
La investigación identifica a 142 personas afectadas cuyos datos personales habrían sido consultados sin autorización, incluyendo información como antecedentes, direcciones o matrículas. Entre ellas figuran personajes conocidos como Isabel Pantoja, Kiko Rivera o Arantxa Sánchez Vicario, entre otros. El documento detalla incluso fechas de acceso a las bases policiales, lo que evidencia la prolongación de estas prácticas en el tiempo.
Las penas solicitadas suman cientos de años de prisión debido a la acumulación de delitos, aunque quedarían limitadas por la legislación vigente. En concreto, se solicitan 447 años para González, 555 para Fernández y 16 para Caveda, con máximos efectivos notablemente inferiores. Además, la Fiscalía reclama una indemnización total de 426.000 euros por daños morales a las víctimas. El caso continúa su tramitación a la espera de juicio, donde deberán acreditarse los hechos antes de una resolución judicial definitiva.