El periodo de adaptación ha terminado y la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario entra en escena con todas sus consecuencias. Desde el pasado 3 de abril, bares, restaurantes, supermercados y grandes operadores alimentarios deben aplicar de forma obligatoria una batería de medidas orientadas a reducir el desperdicio. Entre ellas, una que impacta directamente al consumidor: los establecimientos deberán facilitar un envase gratuito para que los clientes puedan llevarse los alimentos no consumidos, siempre que lo soliciten, consolidando así una práctica habitual en otros países europeos.
La normativa, aprobada en 2025 y a la que se le ha dado un año de margen para su implementación, introduce además una serie de prioridades en la gestión de los excedentes. Según establece el texto, el objetivo es priorizar el consumo humano mediante donaciones, seguido del reaprovechamiento, el uso para alimentación animal y, en último lugar, el reciclaje o la valorización energética. Este enfoque pretende actuar sobre toda la cadena alimentaria, desde la producción hasta el consumo final.
En el caso de la hostelería, la obligación de ofrecer envases gratuitos no se aplicará a los bufés libres, donde el modelo de consumo no se basa en raciones individuales. Sin embargo, el resto de establecimientos deberá informar de esta posibilidad de forma visible, preferiblemente en cartas o menús, con el fin de normalizar una práctica que busca reducir el volumen de alimentos que terminan en la basura.
Objetivo: recortar un 20% las pérdidas en producción y suministro
Las exigencias se endurecen especialmente para las grandes superficies. Aquellas empresas con más de 1.300 metros cuadrados deberán contar con un plan específico de prevención del desperdicio y promover acuerdos con entidades sociales para donar alimentos aptos para el consumo. En paralelo, los supermercados deberán incentivar la venta de productos próximos a su fecha de caducidad mediante descuentos u otras estrategias comerciales.
El objetivo es ambicioso: reducir a la mitad el desperdicio alimentario per cápita en la fase de venta y consumo, y recortar un 20% las pérdidas en producción y suministro antes de 2030. No es un reto menor si se tiene en cuenta que, según datos europeos, cada ciudadano desperdicia unos 140 kilos de alimentos al año. En España, aunque la cifra es menor, sigue siendo significativa, con una media de 28 kilos por persona.
La ley incorpora además un régimen sancionador que puede alcanzar cifras elevadas. Las infracciones leves, como no informar al cliente, pueden acarrear multas de hasta 2.000 euros, mientras que las graves ascienden a 60.000 euros. En los casos más extremos o de reincidencia, las sanciones pueden llegar a los 500.000 euros.