El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, presentó ante la comisión parlamentaria el Plan de Inspección Turística de Andalucía 2026 (PIPA 2026), un instrumento clave para asegurar el orden, la legalidad, la convivencia y la calidad en uno de los sectores más importantes de la región.
Bernal subrayó la importancia estratégica del plan, rechazando cualquier interpretación que lo considere meramente recaudatorio. En sus palabras, "No es un plan recaudatorio ni mucho menos, confiscatorio. Es un instrumento de ordenación enfocado al control de la actividad turística con el objetivo de universalizar y normalizar la calidad del sector".
Para ilustrar el enfoque del plan, Bernal utilizó una analogía futbolística: "Un buen partido de fútbol no es aquel en el que el árbitro pita más faltas, saca más tarjetas o expulsa a algún jugador por no haber cumplido las normas de juego. El mejor partido siempre coincide con aquel en el que el árbitro deja jugar porque los futbolistas han cumplido".
Inspección turística como gestión estratégica
El consejero defendió que la inspección turística es parte integral de la gestión ordinaria de un sector estratégico, garantizando el cumplimiento de las normas, protegiendo a los operadores legales y contribuyendo a la calidad del destino y la convivencia.
El PIPA 2026 define las prioridades y criterios de actuación de la Inspección Turística para el año 2026, estructurándose en cuatro ejes principales: control del cumplimiento normativo, lucha contra la clandestinidad, protección de los derechos de los usuarios e información y asesoramiento para prevenir incumplimientos.
Bernal enfatizó: "Somos firmes frente al incumplimiento, pero claros y pedagógicos con quien quiere hacer las cosas bien, que en este sector son la inmensa mayoría", destacando que el asesoramiento, el control previo y la disuasión son fundamentales en este modelo.
Actuaciones y objetivos del plan
El plan incluye acciones sobre el funcionamiento regular de establecimientos y servicios turísticos, verificando requisitos de inscripción, condiciones de prestación, información al usuario y garantías básicas de calidad y seguridad. También se contemplan programas específicos sobre comercialización y publicidad en el ámbito digital, para asegurar que la oferta difundida corresponda a servicios registrados y que la información sea veraz.
En cuanto a los derechos de los usuarios, el PIPA 2026 refuerza la atención a denuncias y reclamaciones, buscando una respuesta más rápida y eficaz ante posibles irregularidades.
Cooperación institucional y lucha contra la clandestinidad
Un pilar fundamental del plan es la lucha contra la clandestinidad en los alojamientos turísticos, destinando al menos el 30% de las acciones de los programas específicos a este objetivo.
Bernal resaltó que el modelo actual se basa en la cooperación institucional y el uso de nuevas tecnologías. Hasta la fecha, se han firmado nueve convenios con ayuntamientos de ciudades como Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, Jerez de la Frontera, Almería, Alhaurín el Grande, El Puerto de Santa María y Córdoba, y hay otros 23 en proceso.
Además, se anunció el avance en la colaboración con el grupo TITAN de la Policía Nacional Adscrita, lo que fortalecerá las acciones conjuntas en apoyo a la inspección y mejorará la eficacia contra actividades ilegales. También se destacó el uso de tecnologías de análisis y vigilancia digital para detectar oferta irregular.
Ley de turismo sostenible de Andalucía
Bernal vinculó el PIPA 2026 con la futura Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario. Esta ley fortalecerá el marco de ordenación y control de la actividad, proporcionando más recursos, herramientas tecnológicas, mayor claridad normativa y un régimen sancionador más estricto.
La nueva ley permitirá sancionar la prestación clandestina de servicios turísticos con multas que oscilarán entre 10.000 y 100.000 euros. En casos graves, como la obstrucción a la inspección o la presentación de documentación falsa, las sanciones podrían alcanzar los 600.000 euros. Además, se contempla la prohibición de presentar una nueva declaración responsable para la misma actividad durante un año.
"El objetivo es claro: que la ley y el nuevo modelo de control previo disuadan conductas ilegales y clandestinas", concluyó el consejero.
Bernal aseguró que el PIPA 2026 actuará sobre todo el sistema turístico andaluz de manera proporcionada y coherente con la realidad del sector. "Hablamos de un plan que permite que la actividad turística funcione con normalidad, con garantías y con confianza, ofreciendo seguridad jurídica a la industria y certeza a los andaluces", finalizó.