VOCES_Y_AFONIAS_24_mayo
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Carmen Collado. Delegada de Acción Social en el Ayuntamiento de Jerez

Las consecuencias de la pandemia a nivel social y económico están aflorando a una velocidad de vértigo. Familias que nunca habían tenido que recurrir a los servicios sociales, tienen que pedir ayuda ante las dificultades para subsistir. A la espera de que se apruebe el Ingreso Mínimo Vital, que presumiblemente se percibirá desde junio, es clave la labor que están realizando especialmente los ayuntamientos para atender a las personas en exclusión social en un momento tan crítico como el actual. En Jerez, Acción Social ha atendido a 11.298 personas de 5.320 familias jerezanas en los últimos dos meses, con ayudas sociales que superan los 900.000 euros. "Vamos a seguir trabajando al 100%", ha dicho la delegada y diputada provincial ante lo que representa un auténtico estado de alarma social.

Eloy Tarno. Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Lora del Río

El PSOE de Sevilla ha pedido la dimisión del también miembro de la ejecutiva provincial de los populares por publicar un comentario en una red social en la que habla de las "mascarillas homologadas por el Gobierno social comunista, a la venta en las sedes del PSOE e Izquierda Unida" acompañando a una fotografía de miembros encapuchados de la banda terrorista ETA. “No tiene ninguna justificación que un señor que es cargo público en un ayuntamiento y dirigente del PP en Sevilla utilice algo tan terrible y doloroso como el terrorismo para criticar al Gobierno de España”. "Recordamos al señor Tarno y al señor Moreno Bonilla que el terrorismo ha causado un inmenso dolor en este país durante décadas y no puede ser utilizado de esta forma tan frívola”. Aparte del ínfimo nivel de la crítica y el debate político, se trata de una nueva utilización miserable sin más salida que la de pedir disculpas.

Daniel Moreno. Diputado provincial de Educación

No es comprensible que a finales de diciembre pasado la Diputación de Cádiz garantizase el futuro de la Institución Provincial Gaditana y que ahora, en plena pandemia y en pleno periodo de escolarización, anuncie que ya no habrá clases en el colegio público el próximo curso. Aunque la institución provincial tenía conocimiento desde principios del año pasado que la Fundación dependiente del Obispado de Cádiz, dueña de los suelos donde se levanta el colegio, se calló esta circunstancia. Y aunque la Junta de Andalucía debería hace mucho haber buscado alternativa o asumir su gestión, también miró para otro lado. Un lamentable capítulo en el que parece que ganan todas estas administraciones públicas, además de la escuela privada-concertada, y donde pierden la escuela pública de calidad y, por supuesto, las familias afectadas.

Ana Fernández. Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Aguas de Cádiz

Aguas de Cádiz aprueba con buena nota el trabajo en gestión de calidad y en gestión ambiental que realiza la empresa, según los resultados de una exhaustiva auditoría a la que sido sometida en los primeros días de mayo sobre los sistemas de calidad que tiene implantados y que le ha servido para renovar con éxito los sellos de certificación Aenor. La presidenta de la empresa pública gaditana se ha mostrado muy satisfecha con los resultados de la auditoría, ya que “avalan el compromiso de la empresa municipal de agua con los ciudadanos y con el medio ambiente, demostramos que gestionamos de manera responsable con las personas y con el entorno y que somos capaces de asumir con éxito los retos técnicos a los que nos enfrentamos”.

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