Laura Álvarez. Teniente de alcaldesa delegada de Recursos en el Ayuntamiento de Jerez.
El Tribunal Supremo ha avalado la legalidad del proceso de funcionarización del Ayuntamiento. Pese al recurso del sindicato de técnicos municipales, los 143 empleados municipales, los cuales tuvieron que aprobar una fase de oposiciones, ya pueden respirar aliviados. El mecanismo fue legal y sirvió para aumentar el personal funcionario municipal, lo que da estabilidad al funcionamiento de los servicios públicos que presta el Consistorio jerezano.
Agustín Rosety. Diputado de Vox por Cádiz en el Congreso.
Vox ha mostrado su respaldo a su diputado en el Congreso, militar retirado, condenado por la Corte Suprema de Gibraltar a pagar 20.000 libras a su ministro principal, Fabián Picardo, por difamaciones en Twitter. El diputado publicó una serie de tuits denunciando fraude fiscal y blanqueo de capitales en Gibraltar y acusando a Picardo de connivencia con estas actuaciones, lo que ha sido condenado con el pago de 20.000 libras además de las costas. Lamentable lo de este representante público que llegó a firmar un manifiesto en el que se ensalba la figura del dictador Francisco Franco.
Francisco Piniella. Rector de la Universidad de Cádiz.
El alcalde de Cádiz, José María González, ha recibido esta semana al rector de la Universidad de Cádiz, Francisco Piniella, que ha hecho entrega al regidor de una copia del expediente del Carnaval de Cádiz para su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. Ambas instituciones colaboran junto al Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz para que la fiesta gaditana obtenga este reconocimiento, han informado desde el Ayuntamiento.
Ione Belarra. Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España.
El pleno de la Diputación de Cádiz de este mes de julio incluye una moción en la que plantea una serie de medidas destinadas a poner en marcha a nivel provincial y andaluz un plan de acción de lucha contra la pobreza infantil, la exclusión social y la elaboración de un Plan Contra la Pobreza en Menores. Bien haría la ministra en preocuparse más por estas cuestiones trascendentales para la sociedad española que en dedicarse a purgas internas, como la que ha ordenado esta semana contra Enrique Santiago, secretario general del PCE, hasta ahora secretario de Estado de la Agenda 2030 y al que ha fulminado del cargo de forma inesperada por las cuitas internas entre Podemos, IU y el PCE.
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