Muchas personas se están preguntando cuál es la postura de Amnistía Internacional sobre la crisis en Venezuela y qué está haciendo en concreto Amnistía Internacional España por los derechos humanos en aquel país. En este momento la sección española de Amnistía Internacional tiene siete acciones sobre derechos humanos en Venezuela y en su último informe, sacado el mes pasado, muestra su gran preocupación por la falta de acceso a derechos básicos como alimentación y salud, por la inseguridad jurídica y por la violencia y la represión de las protestas.
En dicho informe se dan datos verdaderamente alarmantes como que entre 2017 y 2018 aproximadamente 3 millones de personas han migrado de manera forzada buscando protección internacional, según fuentes de la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y de ACNUR. El salario mínimo es en el país de 6 dolares al mes y la inflación, estima el FMI que es de 10.000.000 % para el 2019.
Actualmente Amnistía Internacional está investigando las acusaciones de violaciones de los derechos humanos durante la protestas de 22 y 23 de enero del 2019 convocadas por el presidente de la asamblea Nacional, Juan Guaidó en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Amnistía internacional no se pronuncia con respecto a la legitimidad y legalidad de cuestiones políticas de carácter electoral, pero siempre está del lado de la víctimas de violaciones de derechos humanos y denuncia aquellas que se han verificado y que han sido cometidas por las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro. También insiste en el derecho de las personas a manifestarse libre y pacíficamente a favor o en contra del gobierno.
Según la organización venezolana Foro Penal, entre el 21 y el 31 de enero fueron detenidas arbitrariamente 988 personas, entre las que habría 127 niños y adolescentes. Continuarían detenidos 10 de ellos por motivos políticos. También se ha constatado la muerte de 40 personas dentro de las protestas. Amnistía Internacional advierte que estos patrones de conducta están agravando la situación de represión actual. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento a que cese el uso de la fuerza excesiva sobre la población civil que se manifiesta pacíficamente, al tiempo que pide que se respete el derecho a la libertad de expresión de todas las personas que se manifiestan pacíficamente.
Estados Unidos, con su política de sanciones, entre las que habría que incluir las nuevas medidas anunciadas el 28 de enero contra la empresa petrolera estatal (PDVSA) que impiden que exporte de petróleo crudo, no ayuda a mejorar la situación. Muy al contrario, este tipo de medidas pueden tener un fuerte impacto en el disfrute de los derechos económicos y sociales y van a afectar negativamente a los grupos más vulnerables de la sociedad. Amnistía Internacional está especialmente preocupada por el impacto humanitario de estas sanciones.
Es igualmente preocupante una posible intervención militar internacional. Cualquier acción de la comunidad internacional debe respetar los principios de derecho internacional y anteponer precisamente los derechos humanos de las personas en Venezuela. Amnistía Internacional ha pedido que Venezuela solicite la cooperación internacional pero la negación de la crisis por parte del gobierno de Nicolás Maduro dificulta una salida a esta lamentable situación.
Por último Amnistía Internacional pide que las personas que han huido de Venezuela sean reconocidas como refugiados. Se deben considerar como refugiados todas las personas que han huido de sus países porque peligra su vida, su seguridad o su libertad. Las personas que huyen de la crisis venezolana entrarían en esa definición y tendrían, por lo tanto, derecho a pedir asilo en otro país.
Paloma Galán Ávila es activista del equipo de Medios de Comunicación de Amnistía Internacional Andalucía.
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