El Tratado de Libre Comercio e Inversiones (TTIP en sus siglas en inglés) es un acuerdo que permite establecer una zona de Libre Comercio entre EEUU y la UE, y que se embute en el más absoluto secretismo y opacidad. Estas negociaciones se están llevando a cabo desde el 2013 y se espera que culminen a finales de 2015. Este Tratado se presenta como revulsivo ante la crisis económica y financiera que aún persiste en Occidente, pero que en realidad sus verdaderas pretensiones son: por un lado, la recuperación de la hegemonía económica mundial como objetivo geoestratégico, creando un bloque homogéneo frente al auge de los BRICS (Rusia, China Brasil y Sudáfrica); y por otro, acrecentar aún más la eliminación de los límites regulatorios (fiscales, medioambientales, arancelarios, laborales, sociales) que aún se mantienen en cada uno de los bloques, para llegar al paroxismo de la liberación comercial. Y todo ello sin la más mínima transparencia hacia la sociedad en su conjunto y al margen de cualquier mecanismo democrático de consulta y participación donde puedan estar representados los colectivos sociales afectados por este Tratado, como pueden ser trabajadores/as, agricultores/as, ciudadanos/as, etc., aunque por fin ante la presión de la ATM (Mandato Alternativo e Inversiones) donde están aglutinados decenas de colectivos, Bruselas se ha decidido a publicar determinados documentos.
Para tal negociación, se ha creado el Consejo de Cooperación Regulatorio, donde están presentes representantes de EEUU y la UE, invitando a participar en estas negociaciones a empresas multinacionales. Este Consejo permanente, examinará las leyes y normativas que se apliquen en cada país, e interpretará si estas se ajustan al Tratado, además lo hará con carácter retroactivo, por lo que muchas de las normativas y moratorias existentes actualmente en la UE tendrían a desaparecer, entre esta se encuentra la moratoria sobre el Fracking que actualmente mantiene la UE.
El denominado Tratado Transatlántico de Libre Comercio va a suponer una vuelta de tuerca más hacia la liberalización de los mercados y hacia la deslocalización de las empresas, recordemos que ya la UE ha estado construyendo pilares encaminados hacia la liberación de los mercados y servicios públicos, entre estos se encuentra la directiva Bolkestein (cuya consecuencia directa la tenemos, en la venta de Aguas de Jerez) o el Tratado de Lisboa, por el que se dota de personalidad jurídica propia a la UE para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario. Otro de los pilares es el TISA (Tratado sobre Comercio de los Servicios) que se negocia en paralelo al TTIP y que engloban a unos 50 países en los que se encuentran EEUU, Australia, Japón, México o Canadá entre otros. Este Tratado facilitará las privatizaciones en el sector público, inspeccionará la autoridad reguladora en áreas tales como la concesión de licencias de establecimientos de salud, centrales eléctricas, instalaciones de eliminación de residuos y la acreditación para universidades y escuelas.
El TTIP es uno más de los cerca de 3.000 tratados comerciales que existen actualmente en el mundo y uno de los 1.400 donde están implicados alguno de los países europeos (entre ellos España) y que se conexionan entre sí. Este Tratado traerá consecuencia directa sobre los derechos laborales y sociales, pasando por los productores de carne, fertilizantes o bio-etanol, así como los sectores primarios como; la madera y productos del papel, los servicios, o el sector público como hemos señalado.
Es contradictorio el resultado de los estudios ofrecidos, encontrándose resultados muy dispares, entre ellos los que ofrecen como válidos la creación de 1.300.000 empleos para la UE y 144.000 para España, pero lo que no revelan es que estos puestos de trabajo se establecen para un periodo que oscila entre 10 y 20 años.
Es contradictorio el resultado de los estudios ofrecidos, encontrándose resultados muy dispares, entre ellos los que ofrecen como válidos la creación de 1.300.000 empleos para la UE y 144.000 para España, pero lo que no revelan es que estos puestos de trabajo se establecen para un periodo que oscila entre 10 y 20 años. El NAFTA (acuerdo sobre libre comercio entre, EE.UU, Canadá y México) preveía la creación de 2 millones de puestos de trabajo y lo que en realidad produjo, fue la destrucción de 1 millón de puestos de trabajo en EE.UU, tras la deslocalización de las empresas. Ya las Naciones Unidas y el FMI avisaron que el acuerdo como el NAFTA podría dañar severamente la capacidad de los países para luchar contra la crisis financiera y económica.
Los derechos laborales se verán muy afectados. El TTIP traerá mediante el acuerdo de mínimos (se impondrán las normas más favorables a los inversores) la pérdida de derechos laborales ya de por sí mermados en España tras los diversos ataques al Estatuto de los trabajadores. Se eliminará el derecho a la huelga, la negociación colectiva o libertad de asociación sindical, todos ellos mermados o ausentes en las normas de EEUU que se ha negado a ratificar convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo aquellos que se refieren a la práctica sindical, la negociación colectiva, trabajos forzosos o trabajos infantiles. Su legislación -irónicamente llamada derecho al trabajo- la conocida Ley-Hartle, centra el papel de los sindicatos en cada empresa, de hecho existen 23 Estados que prohíben acuerdos de sindicatos con las empresas, es en realidad una legislación contra la negociación colectiva y el sindicalismo. Todos pugnan por atraer inversiones internacionales y nacionales por la vía de reducir aún más las condiciones laborales.
El TTIP incrementará la polución y el agotamiento de recursos naturales, propiciando la extracción y producción de arenas bituminosa, o el gas de esquino, que supone un mayor impacto negativo en el medio ambiente, además de lo suicida como modelo civilizatorio. Es evidente que para ellos es necesario eliminar normas regulatoria europeas , como es el “principio de precaución”, resolución que fue aprobada por el Consejo Europeo en el 2000 en Niza, o las moratorias que se establecen al respecto de ciertos cultivos (transgénicos, gas de fracking, etc.) o la desaparición de la Ley Reach, por la cual se regula el registro, evaluación autorización o restricción de sustancias y preparados químicos, o quizás las que regulan (no sin fisuras), las de Energías Renovables que exige que la consecución de energía cumpla con requisitos como reducción de emisiones de gas invernadero y otros de cierta sostenibilidad básica.
Desaparecerían la pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas a favor de los monocultivos extensivos y transgénicos como la soja o el maíz, base de la producción de etanol estadounidense
Desaparecerían la pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas a favor de los monocultivos extensivos y transgénicos como la soja o el maíz, base de la producción de etanol estadounidense (millones de mexicanos tuvieron que abandonar sus tierras tras el acuerdo del NAFTA en beneficio de la multinacional MONSANTO). Un dato a tener en cuenta es que mientras en EEUU existen 2 millones de explotaciones agrarias y ganaderas en la UE hay más de 13 millones. En EEUU más del 70% de la comida vendida contienen OMGs (organismos modificados genéticamente) y 30.00 producto comercializados se consideran responsables del cáncer de mama, testicular, infertilidad masculina, diabetes y obesidad. Se introducirán tratamientos de engorde con sustancias como ractopamina, que se utiliza para engordan los cerdos y las vacas, o la desinfección mediante cloro del pollo, todo ello prohibido por normativas europeas.
Pero la cúspide del colmo, el más allá de todo, el atentado hacia la soberanía de los pueblos, es el llamado Mecanismo de Resolución de Disputas entre Estado e Inversor, un órgano que permite a los inversores extranjeros denunciar a los Estados frente a un “tribunal” ad-hoc en caso de que estos últimos hayan aprobado o se estén aprobando regulaciones que supongan una merma en las expectativas de beneficio de los grandes grupos. De hecho existen demandas por grandes multinacionales como la Philip Morris contra Uruguay o Australia por el contenido informativo en las cajetillas de tabacos, o como la Vattenfall que ha demandado a Alemania por 3.700 millones de euros de compensación, por el cierre de algunas de sus centrales nucleares tras el accidente en Fukushima (Japón), o la Lone Pine que demanda a Canadá por 191 millones de euros de compensación… Los ISDS (por sus siglas en ingles) son un mecanismo que atentan contra la democracia, de los pueblos debilitando los presupuestos de los Estados, y su soberanía para decidir que es más conveniente para los y las ciudadanos y ciudadanas o para su país, socavando también la independencia judicial, pues se sitúan por encima de lo que pueda decidir cualquier tribunal estatal, pues los gobiernos estarán sujetos al establecimiento de leyes que no atenten contra los capitales inversores, de no ser así se verán sujetos a indemnizaciones multimillonarias.
Por ello, CGT junto a otras organizaciones sociales, ecológicas, vecinales, organizaciones de consumidores, agricultores, sindicalistas, partidos políticos…, nos oponemos a esta lacra que traerá más miseria y desigualdad entre las comunidades y los ciudadanos, al tiempo que hay que hacer especial hincapié en la transparencia y la participación ciudadana en la democracia, y asegurar la participación significativa de la sociedad civil, ya que esta es la única forma de evitar la apropiación de poder por parte de las corporaciones y que las leyes aprobadas en la UE sean sólo un fiel reflejo de sus intereses.