Se acaba de cumplir el 82º aniversario del golpe de Estado del general Franco contra el Gobierno legal y legítimo de la II República, que salió de las urnas en las elecciones de febrero de 1936.
La memoria democrática exige que no olvidemos esta fecha negra de la historia de nuestro país. El pueblo español consiguió que Franco no se alzase con el poder en la mayoría de España, pero la posterior Guerra Civil acabó con el mayor intento de democratización y modernización que ha vivido España. La II República fue ejemplo para todo el mundo de avances sociales y soluciones jurídicas, como el Estado integral, que luego sirvieron para la redacción de otras constituciones como la italiana.
El actual Gobierno de Pedro Sánchez ha planteado la necesidad de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Un monumento erigido para recordar al que jamás debió ser Jefe de Estado de España, donde se encuentran los restos de miles de personas asesinadas durante su mandato. Algunas voces son partidarias, incluso, de derribar el monumento y hacerlo desaparecer.
El traslado de los restos del dictador es un deber como sociedad que debíamos haber acometido hace mucho tiempo. Pero no es suficiente. Verdad, justicia y reparación. Estas tres palabras, en orden de prelación, son los cánones que marca Naciones Unidas para solucionar los problemas derivados de la represión de una dictadura.
El Valle de los Caídos se debe constituir en un lugar que construya memoria colectiva y explique qué ocurrió en España durante sus años más negros del siglo XX y qué sucedió también el 18 de julio de 1936. Igual que sucede con los campos de concentración en Alemania o Polonia. Es un acto que ayuda a construir el relato de la verdad. Pero no justicia. Justicia significa investigar los crímenes del Franquismo, exhumar los restos de las miles de personas que aún están en las cunetas de nuestro país. Es una vergüenza que como sociedad hayamos permitido que, tras Camboya, seamos aún el Estado con más personas desaparecidas por la dictadura.
Por último, reparación. No lograremos que España cumpla los Derechos Humanos hasta que no haya un juicio, una Comisión de la Verdad, que repare los derechos de las víctimas. Se han de señalar quiénes fueron los responsables de los asesinatos, torturas y violaciones de derechos del Franquismo. Algunos, sin embargo, siguen recibiendo medallas en vez de ser perseguidos por los tribunales.
Hasta que no consigamos todo lo anterior, no seremos un país verdaderamente democrático que cumpla con los preceptos establecidos en la Carta de Derechos Humanos de la ONU. Después de 82 años, ya es hora de que lo seamos.
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