La educación es un problema de todos y no merece este trato indignante que requiere de una respuesta contundente a todos los niveles.
El Gobierno en funciones aún no ha detenido el reloj para que la peor reforma educativa de la reciente historia democrática de nuestro país deje de entrar en vigor como se ha previsto. El calendario de implantación de esta Ley tiene en el próximo mes de mayo una cita marcada en rojo en el calendario, cuando los alumnos y alumnas de sexto de primaria se enfrenten por primera vez a una reválida injusta que iniciará una senda irreparable para el sistema educativo.
El objetivo común de buscar una norma de consenso que busque el apoyo de toda la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas es demasiado ambicioso para el Partido Popular, acostumbrado a ejercer de rodillo ciudadano cuando ostenta la mayoría absoluta y por contra a pedir consenso cuando los números parlamentarios no le salen para poder gobernar.
En este compás de espera absurdo y marcado por el inmovilismo del presidente Rajoy, los tiempos corren para la sociedad y apabullan de una manera indescriptible. Obviamente el daño ocasionado y los derechos perdidos durante los últimos años no tienen vuelta atrás, pese a que las mareas educativas han gritado hasta la saciedad a un partido que se niega a oír lo que la calle y las propias comunidades autónomas claman.
Pero aún estamos a tiempo. El grupo parlamentario socialista tanto en Congreso como el Senado ha solicitado la paralización inmediata de la entrada en vigor de la Lomce, que en un mes aplicará la reválida del final de la enseñanza primaria en nuestro país y que, a pesar de no tener validez académica, pretende formar rankings entre centros.
No se trata por tanto de una cuestión baladí. Serán miles los escolares afectados y por ende unas familias que no entienden cómo se aplican normas regresivas e insolidarias con sus hijos e hijas en la enseñanza pública.
Se trata de decir NO alto y claro a una reforma segregadora e intervencionista que ataca directamente a la igualdad de oportunidades y retrocede en la equidad y en la calidad de la educación. NO a una ley que favorece la exclusión del alumnado con dificultades, además de establecer un sistema de reválidas con efectos punitivos en vez de formativos. NO a una clasificación arbitraria de las asignaturas, a una ordenación académica incongruente y antipedagógica. NO a que la Formación Profesional quede marcadamente devaluada. NO a quienes proponen la recentralización de las competencias educativas y a quienes niegan la diversidad lingüística de las comunidades con lengua propia, y además vacían de contenidos a los Consejos Escolares de los colegios.
Desde el PSOE abogamos por un modelo distinto que pase inexcusablemente por la reconstrucción de un acuerdo y un diagnóstico común entre todas las partes afectadas para lograr un sistema educativo estable y de calidad. Creemos y trabajamos hoy por hoy porque se diga "stop" a una implantación a toda prisa de una Ley con un calendario inasumible también en Andalucía, que da la espalda a la comunidad educativa, que no cuenta con recursos y que degrada a un sector tristemente acostumbrado a las políticas de derechas de continuos y brutales recortes.
Ante esta alarmante realidad que se avecina, desde las Cortes Generales los diputados y diputadas socialistas trabajamos mientras otros y otras ni siquiera dan la cara. La educación es un problema de todos y no merece este trato indignante que requiere de una respuesta contundente a todos los niveles; y que para los hombres y mujeres socialistas precisa de la máxima atención de la opinión pública.
Los socialistas no podemos mirar hacia otro lado y asimismo pedimos al Gobierno que el sistema de becas públicas sea considerado nuevamente un derecho subjetivo en función de las necesidades económicas de los alumnos y sus familias; o que se igualen las tasas académicas o créditos en todas las comunidades del país.
Al mismo tiempo decimos "adelante" a la recuperación de la participación de la comunidad educativa en la vida de los centros frente a lo que sucede en la actualidad; "adelante" a que se elabore un Estatuto del Personal Docente que impulse su profesionalización, dignifique la función docente, regule sus condiciones de trabajo, asegure su formación permanente, establezca los criterios para su promoción e incorpore un sistema de acceso a la docencia similar al MIR sanitario.
Es cuestión de voluntad política y de querer sumar en lugar de restar, desmontando las barreras infranqueables que deterioran un sistema construido a base de luchas y conquistas sociales. NO a los pasos a nivel en la enseñanza y SÍ a frenar una Ley como la Lomce que nos avergüenza.
Miriam Alconchel Gonzaga es diputada en el Congreso por Cádiz.
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