Bajo el sol andaluz, un espejismo de normalidad y sonrisas televisivas intenta ocultar el derrumbe sistemático de uno de los pilares del Estado del bienestar: la sanidad pública. El gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha dejado caer la careta, revelando no solo una ideología privatizadora feroz, sino una ineptitud gestora que está poniendo en serio peligro la salud de los andaluces y las andaluzas. Lo que estamos presenciando no es una simple mala gestión; es el desmontaje premeditado de lo público para alimentar los negocios de una élite empresarial afín, un guion ya estrenado en Madrid, pero interpretado en Andalucía con una peligrosa sonrisa de complicidad.
El colapso sanitario que sufre Andalucía no es un fenómeno espontáneo. Es la consecuencia directa de una estrategia que ahoga lo público para justificar el rescate de lo privado. Mientras las urgencias hospitalarias y las listas de espera se convierten en un calvario para miles de familias, el gobierno andaluz adjudica de forma directa y opaca contratos millonarios a las empresas amigas del sector sanitario privado. Esta es la verdadera hoja de ruta: desangrar el sistema público hasta que la ciudadanía, desesperada, clame por una solución, que casualmente siempre llega de la mano de los mismos conglomerados empresariales que se han beneficiado de la debacle.
Para entender cómo hemos llegado a este punto, hay que remontarse a la Ley 15/97, una norma que, bajo el eufemismo de "nuevas formas de gestión", abrió la puerta de par en par a la privatización de la sanidad pública. Esta ley, un caballo de Troya en el Sistema Nacional de Salud, permitió que entidades privadas empezaran a gestionar servicios y centros públicos. El resultado, previsible, ha sido la pérdida de control democrático sobre la sanidad y un deterioro grave de su calidad. Y en esta deriva, el PSOE de Andalucía no puede eludir su responsabilidad histórica. Fue durante sus gobiernos cuando se aplicó con entusiasmo este modelo, sentando las bases del desastre actual y precarizando la sanidad pública en todos sus ámbitos, mientras se inyectaban miles de millones al sector amigo del bipartidismo de la sanidad privada, un entramado que opera con obscenas puertas giratorias.
Pero si hay un ejemplo que encapsula la mezcla de nepotismo y negligencia de este gobierno, es el escándalo de los cribados de cáncer de mama. El caos organizativo, la falta de recursos y la gestión incompetente han dejado a miles de mujeres en una angustiosa incertidumbre, retrasando diagnósticos cruciales. En oncología, el tiempo es vida. La negligencia demostrada no es un error administrativo; es una condena silenciosa que puede tener consecuencias irreparables. Que un gobierno sea capaz de jugar así con la salud de las mujeres desvela una profunda falta de humanidad y una ineptitud que trasciende lo político para adentrarse en lo criminal.
El perfil de la corrupción tampoco es sutil. La eliminación de la subasta de medicamentos para adjudicar el contrato a Bidafarma, empresa cuya gerente es la esposa del propio presidente, es un acto de tal descaro que parece extraído de las peores prácticas del caciquismo. Este conflicto de interés, escandaloso e indecente, no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg que muestra cómo la línea que separa el interés público del beneficio privado se ha difuminado por completo en la Junta de Andalucía.
Moreno Bonilla ejecuta el mismo libreto que Ayuso en Madrid: la retórica de fortalecer la sanidad pública mientras se la socava con cada decisión. La diferencia, y es una diferencia crucial, es el tono. Frente al discurso confrontativo de Ayuso, en Andalucía Bonilla nos destruye con una sonrisa. Es un populismo de talante amable, que promete tranquilidad mientras hunde el cuchillo. Esta falsa cordialidad es, si cabe, más peligrosa, porque adormece y desactiva la legítima indignación social.
Andalucía se encuentra en una encrucijada. Asistir impasible a la descomposición de su sanidad pública no es una opción. La ciudadanía debe despertar ante la sonrisa falsa y complaciente que encubre el desmantelamiento de un derecho fundamental. La defensa de la sanidad pública, universal y de calidad, requiere una oposición firme en las instituciones y una movilización social constante. No podemos permitir que el futuro de nuestra salud dependa de los intereses de unos pocos y de la sonrisa cómplice de quienes los amparan. La sanidad no se vende, se defiende. Y en Andalucía, hoy más que nunca, esa defensa es una cuestión de urgencia vital.