La denominada 'cuestión catalana' es un problema que ha estado presente en nuestro país desde los inicios de la edad contemporánea, con especial relevancia, aunque con distintos niveles de intensidad a lo largo de los años, y que los próceres de la transición dejaron sin resolver al tiempo que dejaron sin cerrar el mapa autonómico, dicho sea de paso.
Y ya dijo Ortega que el problema catalán no se podía resolver, sino solo conllevar. Azaña, por su parte, y en cierto modo coincidiendo con el filósofo, declaró en un debate parlamentario, en 1932, que el problema catalán no era un drama histórico, sino un problema político, cuyas soluciones no podían ser eternas dado que la palabra “siempre” carecía de valor tanto en la historia como en la política.
En la sentencia del Tribunal Constitucional, declarando fuera de nuestra norma magna buena parte del Estatut de 2010, salido de las urnas, además, encontramos el origen de la última gran escalada catalanista que derivó en los acontecimientos por todos conocidos. A esto hay que añadir la irresponsable y enloquecida estrategia del Partido Popular, que convirtió los ataques a Cataluña en su mayor caladero de votos fuera de ella.
Todo ello desembocó en la radicalización de los grupos nacionalistas catalanes y en un notable incremento del apoyo popular al independentismo, alcanzando niveles jamás conocidos en los últimos cuarenta años. La poco democrática declaración unilateral de independencia, que el mismo Puigdemont suspendió cuarenta y cuatro segundos después de declararla, dejó el conflicto servido.
Y vivimos tiempos de agitación, desórdenes y enfrentamientos que el Código Penal no pudo ni frenar ni restituir. En demasiadas ocasiones se ha demostrado que la ley penal no es la respuesta más adecuada para la resolución situaciones de crisis complejas y delicadas que alteran el normal desenvolvimiento del orden social.
Y he de confesar el horror que me produjeron, aquel 1 de octubre, frente al televisor, las imágenes de porras frente a votos, aunque estos fueran ilegales. Una más que notable desproporción que solo sirvió para empeorar las cosas.
Sin embargo, en la actualidad, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que las políticas del gobierno de coalición han restablecido el orden, han disminuido la intensidad del conflicto y reducido, casi a niveles anteriores a la escalada, el apoyo popular al independentismo. Los resultados de las elecciones generales del 23-J, en Cataluña, parecen confirmar esta tesis: el PSOE tiene más del doble de diputados que el conjunto de fuerzas independentistas, mientras que estas, a su vez, están en mínimos históricos. Y volvemos a Ortega de nuevo:: “Un Estado en decadencia fomenta los nacionalismos; un Estado en buena ventura los desnutre y los reabsorbe”. Tal parece ser el caso en nuestros días.
Hoy está sobre la mesa la posibilidad de una amnistía, o figura de efectos similares, para terminar de superar el conflicto planteado tras aquel primero de octubre. Y ya se han vertido mentiras de toda índole sobre tal posibilidad. Habiendo habido amnistías fiscales, resulta curioso cómo los que callaron ante la delincuencia económica o fomentaron el perdón de esta, arremeten hoy con toda virulencia contra la posibilidad de una solución política del conflicto catalán. Y lo hacen mintiendo, asegurando que la amnistía sería el reconocimiento de que fue el estado el que actuó mal y se desdice ahora.
La amnistía es una medida legislativa que nace con la vocación de restablecer el orden alterado por un conflicto político complejo y especialmente delicado, que propugna el olvido del delito, y el decaimiento de la responsabilidad de los que lo cometieron, para la consecución del fin propuesto.
La amnistía es un instituto jurídico que ha venido aplicándose, históricamente, a los denominados delitos políticos y permite no considerar punible un hecho previsto y castigado por la ley penal. Su principal objetivo es alcanzar la concordia nacional en momentos en que esta ha sido sensiblemente alterada.
Y realmente merece la pena; la paz social y el interés general deben estar por encima del reproche penal, siempre y cuando se respeten los límites internacionalmente establecidos (no violación grave de derechos humanos, no se impida la tutela y resarcimiento de las víctimas y no se aplique a situaciones de guerra, genocidios, o crímenes de lesa humanidad, etc,).
Pero la verdadera condición que debe darse, en este caso, es la renuncia de los amnistiados a la suspendida declaración unilateral de independencia, No se les puede pedir que abandonen sus ideas (autodeterminación, independencia, etc.), siempre y cuando se comprometan a defenderlas dentro de la constitución y las leyes.
Parece claro que el encauzamiento de este viejo problema requiere explorar nuevos caminos, investigar nuevas soluciones, que nos ayuden a recuperar la normalidad. Los menos patriotas de todos son, para mí, los que solo quieren aplicar el código penal y además no entienden la naturaleza del problema.
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