En Cádiz todo se sabe. Pero no todo se dice. Esa es la sensación que deja el caso del concejal Pablo Otero, despedido de la residencia Fragela en un despido procedente, motivado —según medios y denuncias sindicales— por presuntas irregularidades en la gestión y conflictos laborales.
No hay una acusación firme de malversación ni una sentencia penal, pero sí un hecho objetivo: la propia entidad que lo contrataba decidió despedirlo por causas suficientes.
Y aquí surge la primera pregunta, la que todas nos hacemos con sentido común: ¿Cómo puede seguir gestionando dinero público, políticas sociales y la protección de los más vulnerables alguien que no ha podido mantener adecuadamente la gestión en un centro de mayores? Porque una cosa es legalidad. Pero otra muy distinta es la legitimidad ética.
La oposición pregunta, el gobierno calla
En esta situación, IU —y sectores de Adelante Izquierda Gaditana— han pedido explicaciones, como es lógico en una democracia. Lo sorprendente es el silencio del resto: ni el Partido Popular, que gobierna la ciudad, ni el PSOE, que podría ejercer oposición responsable, han dicho nada.
Ese silencio, en una ciudad pequeña como Cádiz, se escucha más fuerte que cualquier declaración.
Los concejales del gobierno presumen de cercanía, de estar en la calle, de escuchar a la gente, de ser accesibles. El alcalde repite que es “el alcalde de todos”. Pero cuando uno de los suyos protagoniza un escándalo de este calibre, cuando un miembro del equipo de gobierno es despedido por motivos graves de gestión…
Callan. Miran para otro lado. Esperan que pase. Y esto es precisamente lo que hace que la ciudadanía pierda la confianza. ¿Qué temen? ¿Qué esconden? ¿Qué protege ese silencio? Porque este silencio no es inocente. Este silencio no es neutral. Este silencio huele a cierre de filas, a corporativismo, a miedo.
Y la gente empieza a preguntarse: ¿Cuántos concejales del gobierno trabajan también fuera en empresas privadas? ¿Cuántos han gestionado recursos o personal con prácticas cuestionables? ¿Cuántos prefieren callar hoy para que otros callen mañana por ellos? ¿Cuántos silencios son pactos de supervivencia? ¿Cuánta corrupción o mala praxis se tapa con ese “no hacer ruido”?
Porque ese es el verdadero problema: el caso Otero no es solo el caso del concejal Pablo Otero. Es el espejo de una forma de gobernar.
Cádiz se vacía. Y no solo de habitantes
Cádiz pierde población, oportunidades y proyectos. Pero también pierde —quizás lo más grave— confianza en lo público.
Cuando el gobierno municipal responde a una crisis ética con silencio absoluto, cuando la transparencia desaparece, cuando quienes deberían rendir cuentas se refugian en declaraciones vacías… lo que se vacía es la relación entre ciudadanía e instituciones.
Y Cádiz no puede permitirse eso. No una ciudad que lucha por retener a su juventud. No una ciudad que necesita creer en su futuro. A veces parece que nuestros gobernantes viven dentro de esa canción de Antílopez, Metralla y viaje, donde la vida es una mezcla de sátira, torpeza y desengaño.
Un aviso honesto a quienes votan al Partido Popular
No es un ataque ideológico. Es una invitación a reflexionar: Si un partido pide confianza, debe ofrecer transparencia. Si habla de cercanía, debe acompañarla de responsabilidad. Si presume de ser “el gobierno de todos”, debe demostrar que está del lado del pueblo incluso cuando el problema viene de dentro.
Porque si no, llegará un momento en que no habrá confesionario suficiente para tantos silencios acumulados.
Cádiz merece gobernantes que hablen, no que callen
Gobernar no es esconder. Gobernar no es esperar que los problemas se olviden. Gobernar no es defender al compañero antes que a la ciudadanía.
Cádiz merece una política que dé la cara, que asuma errores y que sepa que el poder público se sostiene sobre un principio básico: la confianza. Y la confianza se destruye en silencio.