La sanidad pública se encuentra, una vez más, en el centro de un debate político que mezcla promesas grandilocuentes con una práctica histórica vergonzosa. El anuncio de la ministra de Sanidad, Mónica García, de que se derogará la Ley 15/1997 para "blindar" el sistema frente al ánimo de lucro suena a riff demoledor, pero esconde una realidad mucho más prosaica: el Gobierno no busca eliminar la privatización, sino rebautizarla.
La Ley 15/1997 fue el caballo de Troya que permitió que el dinero público, destinado a cuidar la salud de la ciudadanía, se desviara hacia el beneficio privado. Y si bien el Partido Popular (PP) fue el impulsor estrella de modelos de concesión como el tristemente célebre "Modelo Alzira", la historia nos obliga a señalar a otro actor clave: el PSOE.
Es una verdad incómoda, pero necesaria: el Partido Socialista no solo votó a favor de la Ley 15/97 en 1997, sino que, en la práctica, la ha utilizado y mantenido vigente durante décadas. Desde la oposición, el PSOE ha criticado los modelos de gestión sanitaria del PP en comunidades como Madrid; sin embargo, en los territorios donde ha gobernado, ha sido un cómplice silencioso o, peor aún, un activo promotor de la externalización.
Recordemos el caso de Susana Díaz en Andalucía. Bajo su gestión como presidenta, el sistema sanitario público andaluz se vio sometido a recortes y a una nefasta gestión que debilitó intencionadamente la red asistencial. Este proceso no solo generó listas de espera insoportables, sino que abrió la puerta de par en par al PP para que, una vez en el gobierno, acelerara la privatización de forma total, utilizando el deterioro acumulado como excusa. El PSOE, al no revertir los efectos de la ley cuando tuvo el poder absoluto, y al participar activamente de la cultura del concierto y la externalización, se ha convertido en el garante involuntario de la privatización sanitaria.
La trampa de "limitar el lucro". Ahora, la ministra de Sanidad, Mónica García, nos da un discurso férreo contra el lucro, anunciando la derogación de la ley. Pero la propia ministra matiza: la nueva norma, se dice, "no prohíbe que haya una colaboración público-privada, pero limita que lo puedas hacer con empresas con ánimo de lucro". Aquí reside la gran farsa. La intención real no es la derogación para eliminar el trasvase de dinero público al sector privado, sino la "limitación" de la gestión privada más descarada (las concesiones con ánimo de lucro) para asegurar la continuidad de la colaboración público-privada a través de la vía de los conciertos y convenios.
El problema de fondo es que toda externalización, incluso sin ánimo de lucro, es una limitación de la gestión directa y pública. Cada euro de dinero público que se desvía a un concierto es un euro que deja de invertirse en personal, infraestructura y equipos propios del sistema público.
La historia sanitaria nos ha enseñado que el único modelo que garantiza, universaliza y protege la sanidad como un servicio público fundamental y de calidad es el Sistema Público de Salud gestionado de forma 100% pública. Solo la gestión directa elimina la tentación de anteponer el beneficio económico a la salud del paciente, además, de invertir en mejorar la asistencia y no en engordar las cuentas de resultados de terceros.
La propuesta del Gobierno, en lugar de ser la "derogación" valiente que el Sistema Nacional de Salud necesita, corre el riesgo de ser una reforma estética que consolide la privatización de bajo perfil (los conciertos) mientras elimina la forma más descarada (las concesiones). Para blindar la sanidad pública, no basta con limitar el lucro; hay que acabar con el trasvase de dinero público al sector privado y apostar sin complejos por la gestión directa y pública como principio único e innegociable. Lo contrario es perpetuar la hipocresía política que ha debilitado nuestro sistema de salud durante décadas.