Una manifestación en defensa del pueblo saharaui.
Una manifestación en defensa del pueblo saharaui.

La reciente declaración de guerra de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) el pasado 14 de noviembre contra Marruecos, ha vuelto a poner en el tablero político español el asunto del Sáhara Occidental…o tal vez nunca se ha ido para la desdicha de muchos… El Sáhara Occidental es esa otrora provincia española que abandonamos a su suerte dada la desidia de las autoridades españolas más pendientes en la época de ver cómo podría perdurar el franquismo que defender a sus propios ciudadanos frente a las ansias expansionistas marroquíes. Lo podemos decir más fuerte, pero también más claro.

Primera deuda. En 1975, el Sáhara era una colonia española sujeta al principio de autodeterminación, por la cual, la entidad administradora de iure que era y sigue siendo España, por mandato de Naciones Unidas, debía promover su independencia. De todos es conocido que la denominada Marcha Verde consiguió que las fuerzas españolas se retirasen de la zona, a fin de evitar un conflicto donde tenían poco que ganar y mucho que perder en unos momentos donde el dictador ya estaba agonizando. Los posteriores pactos secretos de Madrid, - nulos de pleno derecho -, certificaron el abandono español del territorio.

Segunda deuda. Tras la ocupación de Marruecos del territorio y proclamarse, de facto, entidad administradora del Sáhara occidental, no reconocida a nivel internacional, España se ha limitado a defender una solución entre las partes en el conflicto. Especialmente a partir del alto el fuego en 1991. En ningún momento, ningún partido en el gobierno, fuera de izquierda o de derecha, ha promovido la autodeterminación del pueblo saharaui, como establecía el mandato de Naciones Unidas, a través de un referéndum que viene aplazándose sine die. Estamos entonces ante una clara política de Estado que conlleva una dejadez de funciones a nivel internacional por parte de España. De aquí se entiende el enorme revuelo político y diplomático que ha provocado que el Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, haya defendido el referéndum en el Sáhara, algo que, por otra parte, es lo que dice el derecho internacional. Nada nuevo entonces.

Tercera deuda. En las relaciones con Marruecos, España siempre ha sido muy laxa, con la única excepción del conflicto del islote de Perejil en 2002 donde, quizás, se excedió a la hora de buscar una solución pacífica. Bien es sabido que las relaciones con el Reino alauita siempre han sido muy complejas, pero ello no debiera impedir la defensa de una serie de derechos humanos – personales pero también colectivos como el derecho de autodeterminación – de un territorio en el cual España ha ejercido jurisdicción. Nada se ha hecho hasta la fecha.

Cuarta deuda. Más inacción frente a las acciones de Marruecos. Su continua reivindicación de las ciudades (Ceuta y Melilla), islas (Chafarinas) y peñones (Vélez de la Gomera, Alhucemas) españoles en el norte de África. Tradicionalmente, aquí, la respuesta española ha sido clara en foros internacionales al defender la soberanía plena de estos territorios. No obstante, dejando al margen las islas y peñones al ser zonas de servidumbre a cargo del Ministerio de Defensa español, las últimas acciones marroquíes tendentes a cerrar las fronteras aduaneras en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, no han producido reacción alguna desde Madrid. Ello ha conllevado un lento pero intenso retroceso económico y social de estas dos ciudades españolas, las cuales se han sentido abandonadas e incluso más aisladas, si cabe, de la España peninsular.

Quinta deuda. La acción española en el seno de la Unión Europea. Esta quinta manifestación presenta desde luego varias aristas, además de dejar claro la preferencia de algunos socios europeos por la propuesta marroquí. Resumiendo, la RASD defiendo su derecho, reconocido internacionalmente, de la autodeterminación a través de un referéndum, para lo cual, incluso se ha creado una operación de Naciones Unidas (MINURSO), ninguneada en cada nueva renovación del mandato por parte del Consejo de Seguridad. Por su parte, Marruecos propone incorporar al territorio como una provincia bajo su jurisdicción y soberanía pero con un estatuto especial. Y aquí entran los intereses económicos de algunos, especialmente del mejor aliado europeo de Marruecos que es Francia, enormemente interesado en los contratos de explotación de los recursos naturales de la zona saharaui, especialmente los que se localizan en el fondo marino de sus aguas. Esto, añadido a la inacción española en las instituciones europeas, ha permitido que Marruecos se presente como un socio prioritario de la UE – de hecho posee un Estatuto Avanzado -. Es más, cuando el Tribunal de Justicia de Luxemburgo anuló los Acuerdos entre la UE y Marruecos por afectar a productos procedentes del Sáhara, donde Marruecos carecía y carece de competencias, se procedió a negociar y firmar un nuevo Acuerdo que prácticamente deja las cosas como están, para desgracia de los intereses saharauis.

Insisto en la complejidad de las relaciones entre España y Marruecos, con el conflicto saharaui de fondo pero que tiene efectos económicos (pesca, comercio), territoriales (Ceuta y Melilla, especialmente) e incluso sociales y humanitarios (inmigración). Pudiera entenderse la continua política española de mirar para otro lado y no asumir su mandato respecto al tema del Sáhara; pero lo que no puede permitirse, al menos desde un punto de vista jurídico, es alegar intereses nacionales para desconocer la defensa y el cumplimiento de una norma internacional superior como es el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Ellos lo merecen, y cuando más tiempo pase mayor será esta deuda de España y mayor nuestra propia responsabilidad.

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