Esta es la pregunta que presidía una loneta de la Apdha ante unas jornadas que organizaba el pasado día 12 el Ayuntamiento de Cádiz y otras entidades con el lema La vivienda pública como pilar del estado social.
La pregunta es pertinente y la respuesta es sencilla, claro que saben que en Cádiz —y en toda España— la vivienda es el primer problema para la vida digna de una parte importante de la ciudadanía. Y ya no un problema, sino un drama para las familias con menos recursos.
¿Entonces por qué no se ponen en marcha de inmediato políticas que establezcan un horizonte para satisfacer esta demanda y este derecho esencial? La respuesta también es sencilla pero doble. Por un lado, porque posiblemente no les importan nada los problemas de la gente. Los que gobiernan ya tienen buenas casas. Pero, por otro lado, porque se deben a poderosos intereses que deben satisfacer. Obviamente los intereses de la especulación que convierten la vivienda en un lucrativo negocio pisoteando lo que es un bien social y un derecho humano.
Una pregunta pertinente
Era pues una pregunta pertinente. Tan pertinente como preguntarse si el título de las jornadas no es, en realidad, un sarcasmo: ¿pilar del estado social la vivienda pública? Es asombroso cuando el programa no incluía el abordaje de los problemas reales que tiene el derecho a la vivienda ni en España ni en la ciudad donde se desarrollaban las jornadas. Una pista pudiera ser que a las mismas no fueran invitadas las personas y entidades sociales más vinculadas a los problemas de la vivienda que de forma recurrente son desoídas.
¿Cómo despreciar —si de unas jornadas serias se tratase— la evidente relación entre una vivienda imposible y la huida de sus habitantes que ha hecho que Cádiz pierda un tercio de población en los últimos 40 años?
Y en consecuencia, ¿cómo no debatir —si de unas jornadas serias se tratase— el fracaso del mercado como regulador de la vivienda haciendo imprescindibles políticas públicas audaces para enfrentar este drama insoportable para las familias?
En efecto, Cádiz es una de las ciudades con los precios más caros de Andalucía y de España. Y eso sucede al tiempo que el 5% de las viviendas del municipio están vacías (unas 2.800) y otro 2,4% (unas 1.350) pueden considerarse prácticamente vacías. Y paralelamente los alojamientos turísticos se extienden como una plaga expulsando a los vecinos y a las vecinas de sus barrios de toda la vida.
Denunciamos la parálisis de las Administraciones
En tanto nuestra lista pública de demandantes de vivienda alcanza casi las 6.000 personas, porque a la gente le resulta absolutamente imposible acceder a una vivienda en alquiler, solares y edificios de propiedad pública —sean de la Junta, sean del Ayuntamiento— permanecen abandonados desde hace décadas. Y cuando se movilizan es para enajenarlos y hacer caja, como la Zona Franca en Navalips, la Junta en Puntales 212 o el Ayuntamiento en Casitas Bajas.
Por eso la Apdha ha denunciado reiteradamente la parálisis de las administraciones competentes, excepto en aquellas operaciones que pudieran beneficiar al sector privado. Es por ejemplo incomprensible que la Junta se haya negado a cumplir la Ley de Vivienda 12/2023 y no haya declarado las zonas tensionadas impidiendo que se topen los precios de alquiler, como si ocurre en otras comunidades. Resulta difícil de entender que el Ayuntamiento no haya intentado negociar con la Iglesia el uso de numerosos edificios que mantiene sin uso, en tanto que familias tienen que dormir en coches o separadas de sus hijos, o directamente en la calle.
La gestión del parque publico es otro pozo oscuro. Cádiz no cuenta con un parque público de viviendas suficiente en régimen de alquiler, capaz de dar una respuesta a la falta de vivienda, evitando el abuso y la especulación. Pero los esfuerzos por aumentarlo para dar respuesta a las necesidades son simplemente simbólicas y heredadas. Es más, constan decenas de pisos vacíos -con la puerta antiokupas instalada- propiedad de ambas gestoras de vivienda pública (Procasa del Ayuntamiento y AVRA de la Junta de Andalucía).
Y aquí aparece otro drama sobrevenido: personas desesperadas, sin salida, que acaban ocupando pisos públicos. No es solución, ni es legal, pero resulta absolutamente comprensible. Un drama, el de los desalojos, que está angustiando a decenas de familias, en viviendas tanto de propietarios privados, bancos o las propias empresas públicas, que incompresiblemente efectúan las denuncias de ocupación por la vía penal -para dar ejemplo dicen- o dejan en la calle a muchas familias con niños sin miramiento alguno, sin estar a lo que dispone el decreto de vulnerabilidad y sin cumplir su propio acuerdo con asuntos sociales para estos casos.
Resolver el problema de la vivienda es complejo -y más en Cádiz- pero es preciso tomar medidas ya, y abrir horizontes. Porque la gente, nuestra querida gente de Cádiz, las familias, están desesperadas, ya no pueden más. Y esto se seguirá deteriorando si no se actúa rápido y en diversos frentes. Cádiz necesita viviendas, viviendas públicas en régimen de alquiler social y asequible.
¿Están el Ayuntamiento y la Junta realmente dispuestos a poner en marcha políticas que inicien un camino para solucionar el problema de vivienda en Cádiz, o se va a continuar especulando con la venta de terreno público, permitiendo más plazas hoteleras en la ciudad, y haciendo declaraciones y Jornadas, mientras vemos como cada día son más y más las familias que buscan desesperadamente una vivienda?